Así están las ideas para refrendar el Proceso de Paz

En este tiempo han sido muchas las verdades y mentiras que se han tejido alrededor del tema y son, hasta el momento, más las especulaciones que los hechos puntuales para definir cómo el presidente de la República le cumplirá a la guerrilla lo que se convenga para la terminación del conflicto y al tiempo pueda honrar su palabra con los demás colombianos, a quienes les aseguró que serán ellos los que, por medio del voto popular, decidan si ratifican lo que se pacte en La Habana. 

Aunque en un principio pareció verse en el Gobierno improvisación frente al tema, ahora el presidente Santos ya ha logrado posicionar entre los partidos –incluyendo a la oposición del Centro Democrático— la discusión de la refrendación y la implementación como necesidades del proceso de paz, del que se siente que está llegando a su final. 

Si de cuentas al interior del Congreso se trata, el jefe de Estado también parece haber asegurado ya los votos que necesitaría para definir el mecanismo de participación popular con el cual se ratificarían los acuerdos, pero en especial el visto bueno de sus mayorías parlamentarias para aplicar lo descrito en los acuerdos con la guerrilla. 

EL MECANISMO 

Sobre el mecanismo con el cual se van a refrendar en las urnas los acuerdos de paz con la guerrilla, es mucho lo que se ha dicho, pero en concreto tan sólo este viernes se dio un paso en tal sentido. Se trata de un proyecto de plebiscito, propuesto por el Partido de la U (a través del senador Roy Barreras), el cual tendría la particularidad de que no estaría atado a un umbral de participación ciudadana (una cantidad mínima de votos para validarse), sino que acudiría a la figura de hacer obligatorio a todo el electorado (el actual censo está en 33 millones de personas) salir a votar. Ante el número (no habitual en las votaciones nacionales) se plantea que la jornada sea de cinco días y no de uno solo. 

La propuesta de Barreras tiene como principal obstáculo que podría ser inconstitucional, porque implícitamente lleva a que el voto sea obligatorio, lo cual solo se puede ordenar por una reforma a la Carta Magna y esta propuesta se presentó como una Ley Estatutaria. 

El mecanismo de plebiscito les gusta al Gobierno y a los partidos que lo acompañan, porque se podría formular una sola pregunta para validar los eventuales acuerdos del proceso de paz, mientras que un referendo obligaría a consultar cada aspecto de esa negociación con el electorado. 

Aunque esta idea de plebiscito apenas comenzará a ser discutida y no se sabe si se acogerá, es cierto que la figura de Asamblea Constituyente no se considerará, porque al Gobierno no le gusta (la ha rechazado el presidente Santos en varias ocasiones), la mayoría de los partidos tampoco la acogen y solo las FARC insisten en este mecanismo para la refrendación. 

En cuanto a usar un referendo, esa figura tiene como inconveniente, además del número de preguntas, que es más demorado en su proceso de aprobación y que sí obliga a cumplir con un umbral que sería de ocho millones de votos, cantidad ante la que hay incertidumbre, por la baja participación en las votaciones que acostumbran los colombianos. 

También se da casi por descontado que ni el Gobierno ni la guerrilla le apostarán a una refrendación vía consulta popular, porque esa figura no genera una obligación jurídica de cumplir el resultado de la votación. 

Se debe destacar que las partes que hoy negocian en La Habana serán las que finalmente pacten el mecanismo, que, de acuerdo a lo manifestado, será uno de los últimos asuntos que se discutan en la mesa. 

LA IMPLEMENTACIÓN 

Este es, sin duda, el tema que más ha generado polémica. Es obligatorio darle vida jurídica a los acuerdos que Gobierno y guerrilla concierten al final de la negociación, pues legalmente deberán ser reglamentados para que esas decisiones tengan fuerza de ley. 

Fue el propio presidente Santos quien encendió los ánimos en esta discusión cuando habló de la creación de un “congresito” para que hiciera esta función de implementar los acuerdos. De inmediato apareció el fantasma de 1991, cuando se sustituyó al Congreso de la República por un grupo de comisionados que se encargaron de convertir en realidad lo aprobado en la nueva Constitución Política de Colombia, textos que se fundamentaron en ratificar lo dispuesto y no en incorporar nuevas normatividades. 

También crispó el ambiente la reciente propuesta del Gobierno de darle vida a una figura alterna: la Comisión Legislativa Especial. Crearla obliga a que se reforme la Constitución con una enmienda transitoria, que permita a dicha comisión operar al interior del Congreso, con unas funciones específicas de tramitar y aprobar la implementación de los acuerdos. 

Crear esta comisión sería el eje de un proyecto de Acto Legislativo que, de acuerdo a lo anunciado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, será radicado la próxima semana. Cuando se presente, iniciará un trámite que obliga a realizar ocho votaciones antes del 20 de junio de 2016, cuando terminarán las sesiones ordinarias del actual periodo legislativo. 

El senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe, ya anticipó que su partido, el Centro Democrático, con 38 congresistas, no dará voto positivo a dicho proyecto, porque en su concepto “sería un Golpe de Estado a la ciudadanía, por cuanto estaría avalando las contraprestaciones a las que la guerrilla ha obligado al Gobierno”. 

Pese a esa disidencia anunciada, Santos ha logrado, incluso, que las FARC no rechacen de tajo la idea de la reforma constitucional, sino que, de acuerdo a su jefe negociador, alias 'Iván Márquez', el proyecto lo analizarán primero, antes de criticarlo. Hace tres años, cuando comenzaba la negociación, la insurgencia se oponía sin ambages al llamado Marco Legal para la Paz, justamente por reclamar que el Congreso lo construyó sin su participación. 

DUDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

Sobre lo que hay serias dudas y para lo que el Gobierno no ha encontrado fórmula adecuada, es la manera como operará la comisión legislativa especial. Un sector del Congreso considera que debe ser integrada por los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara, por los negociadores del Gobierno y por sus pares de la guerrilla, lo que sumaría un grupo cercano a las sesenta personas. 

Otras voces proponen que sean solo 30 integrantes, con algunos miembros de las comisiones primeras y los negociadores de ambas partes. Pero para el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, no es necesario que los negociadores de la insurgencia estén presentes en esta comisión, sino que participen delegados de todos los partidos políticos. 

A su turno, el senador Mauricio Lizcano (del Partido de la U), dice que es necesario que en esa comisión legislativa especial estén sectores que se han visto directamente afectados con la acción de la guerrilla, por lo que reclamó que las víctimas tengan asiento allí. 

Tampoco es claro si lo que apruebe esta comisión tendría validez inmediata o si sus decisiones pasarían a otra votación de las respectivas plenarias del Congreso. Esta alternativa no la comparte el Gobierno, pero es ambientada por partidos de su coalición, como el Liberal y Cambio Radical. 

La apuesta final del Gobierno es llevar la reforma lo más pronto al Congreso y que sea el mismo, como pasó con la reforma de Equilibrio de Poderes, el que incorpore los cambios para enriquecer el texto. 

El proyecto de reforma constitucional incorporará aspectos como las facultades especiales al presidente de la República para que, entre otras cosas, permita la participación en política de los guerrilleros desmovilizados.