Abren juicio a funcionarios de Ecopetrol por $35.154 millones

Bogotá_ Por omisión en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos en lo referente a la responsabilidad que tenían para adelantar acciones que previnieran la rotura del oleoducto Caño Limón Coveñas, la Contraloría General de la República busca proteger el derecho de los colombianos a gozar de un ambiente sano.

Es de esta manera que el presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, así como el vicepresidente de Transporte, Álvaro Castañeda; y el superintendente de Oleoductos Norte y Sur de la vicepresidencia de Transporte, Gerardo Mesías, tendrán que responder por la imputación de responsabilidad fiscal por un monto de $35.154 millones.

La Contraloría tambié imputó responsabilidad fiscal en contra de los contratistas Ingenieros Civiles Asociados México, ICA de México y Termotécnica Coindustrial, integrantes del consorcio Icamex Termotécnica, contratista de Ecopetrol.

Según la entidad, “la rotura del oleoducto afectó un trayecto de recursos naturales en una extensión de 80 kilómetros y un ancho entre los 10 y los 100 metros. La CGR pudo verificar que existía información técnica, conocida por los funcionarios de Ecopetrol vinculados en el proceso de Responsabilidad Fiscal, de la cual se desprendían situaciones que permitían prever que la inestabilidad del terreno en el cual se encuentra alojado el tramo de oleoducto podía colapsar”.

Para la Contraloría General, el plan de contingencia que se puso en ejecución  una vez conocido el siniestro, fue ineficiente, ineficaz, antieconómico y desprovisto de valoración del principio de costos ambientales, puesto que las inversiones en infraestructura y obras desarrolladas para evitar un mayor daño, no cumplieron con el objetivo y fines señalados en dicho plan de contingencia, ocasionando con ello, además de la perdida ambiental, pérdidas significativas al erario público, representado en el número de barriles de petróleo derramado.

Los vinculados en el proceso tendrán que rendir descargos el próximo 14 de agosto.

Esta es la primera vez que la entidad toma una decisión de esta magnitud, que es el resultado de las investigaciones que se abrieron cuando el 11 de diciembre del año pasado un sector rural de Chinácota, Norte de Santander, fue afectado por la ruptura del oleoducto.