A raíz de los cuestionamientos que se le han hecho a las autoridades de control y vigilancia como la Superintendencia Financiera y el Autorregulador del Mercado de Valores sobre la responsabilidad en la quiebra de Interbolsa, la política de silencio adoptada por las instituciones resulta efectiva toda vez que no han entrado en discusión con los políticos y vinculados que los acusan. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aguantarán?