lunes, 11 de agosto de 2014

Gracias al fortalecimiento financiero del Gobierno en ese período, el riesgo soberano del país disminuyó y la deuda pública recuperó el grado de inversión, lo cual se tradujo en una importante reducción en el costo de la financiación del sector público. Además, el menor desbalance fiscal disminuyó las necesidades de endeudamiento del Estado, lo cual liberó recursos para el sector privado, a un costo más bajo. Los menores costos financieros y la mayor oferta de recursos estimularon la inversión privada, que impulsó el crecimiento económico.

Para asegurar un manejo disciplinado de las finanzas públicas en el futuro, las autoridades introdujeron en 2011 la Regla Fiscal, que requiere que el balance público estructural siga una trayectoria decreciente en el largo plazo y que cumpla unas metas puntuales en años electorales.

Sin embargo, a pesar de su aporte a la estabilidad macroeconómica en la última década, la política fiscal en Colombia no ha contribuido a mejorar la equidad. 

Para lograrlo se requiere focalizar el gasto en los sectores vulnerables de la sociedad. Si el gasto debe expandirse porque la agenda social y de reconciliación del país lo demandan, debe estar ahora acompañado de un aumento equivalente en la presión fiscal, que es baja comparada con la de las naciones más desarrolladas.

 Los desafíos de la política tributaria, de manera complementaria, incluyen además la necesidad de consolidar los esfuerzos recientes para controlar los altos niveles de evasión que hay en el país. También se debe buscar una estructura tributaria más eficiente, que facilite el recaudo, elimine los arbitrajes distorsionantes y promueva la inclusión de la mayor parte de los colombianos al sistema financiero formal.

Aunque mucho se ha escrito respecto a la necesidad de una nueva reforma tributaria a poco más de un año de la implementación de la anterior, Asobancaria considera que en la actualidad puede no ser conveniente. La última introdujo una gran cantidad de cambios en procura de equidad, crecimiento y generación de empleo formal, cuyos frutos todavía no se conocen a cabalidad. Modificaciones adicionales al actual sistema tributario, sin tener certeza de los efectos del nuevo esquema, pueden llevar a posteriores redefiniciones en materia de impuestos, causando un grave deterioro a la confianza de los inversionistas, con efectos adversos sobre la actividad económica. 

El debate sobre el esquema de tributación en Colombia es bienvenido, pero las decisiones no pueden ser tomadas con información insuficiente. Otros elementos como la sustitución de los impuestos distorsivos y los arbitrajes sobre los mercados deben ser tenidos en cuenta. También es imperativo discutir la eficiencia, la eficacia y la pulcritud con las cuales se asigna y ejecuta el gasto público en la actualidad.

Colombia llevó a cabo un exitoso proceso de consolidación fiscal desde 2003, que recobró la sostenibilidad de las finanzas públicas y restableció la solvencia del Estado. Gracias a ello se redujo el riesgo soberano, se recuperó el grado de inversión de la  deuda pública y aumentó el apetito de los inversionistas por ella. 

De esta manera, se liberaron recursos para la financiación del sector privado y se redujo su costo, lo cual estimuló la inversión y aceleró el crecimiento económico. Con el fin de extender los beneficios derivados de la consolidación fiscal y el fortalecimiento de la solvencia estatal, las autoridades introdujeron una regla fiscal que establece una senda decreciente para el balance del Gobierno.