Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

jueves, 14 de agosto de 2014

Como fundamento de la pretensión de inconstitucionalidad, sostuve que las normas impugnadas adolecen de una omisión legislativa, por cuanto únicamente penalizan la discriminación en función de la raza, nacionalidad, el sexo y la orientación sexual, sin contemplar la discriminación por razón de discapacidad. 

Lástima que en la audiencia pública, la población con discapacidad no tuvo la oportunidad de participar, como lo resaltó el Magistrado Jorge Pretelt, pues hubiéramos tenido la oportunidad de escucharlos y medir realmente su situación de exclusión y discriminación que sufren en la vida cotidiana.

La otra dificultad, fue las reiteradas intervenciones acerca de la Política Criminal del Estado Colombiano, que elevó a delito la discriminación y el hostigamiento, aspectos que no están en discusión en esta demanda, pues el debate jurídico, es la omisión legislativa, que dejó por fuera del tipo penal a las personas con discapacidad como sujetos pasivos del delito.

Por esta razón, de manera reiterada he manifestado que con esta demanda no pretendo expulsar del mundo jurídico la Ley 1482 de 2011, más conocida como ley antidiscriminación, por el contrario busco que se mantenga vigente pero que incluya la discapacidad como grupo protegido contra la discriminación y el hostigamiento. 

Esta omisión legislativa también vulnera la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Ley 762 de 2002 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009, instrumentos jurídicos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad. 

Lo verdaderamente importante para la población con discapacidad, es que la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que amplíe la Ley Antidiscriminación, para que también incluya como delito los actos de discriminación y hostigamiento que se ejerzan sobre las personas con discapacidad.

A juicio de la Fiscalía, la creación de estos nuevos delitos sí se ajusta a la Constitución, se trata de sanciones que en su criterio no son desproporcionadas y que pueden ser incluso excarcelables en algunos casos si el sindicado se retracta en público de sus afirmaciones.

En la audiencia pública, la Fiscalía indicó que desde 2012 se han presentado 140 denuncias por estos nuevos delitos: 74 por actos de racismo y discriminación, 57 por hostigamiento, y otras 9 por discriminación en general.

Según explicó la entidad, el mayor número de denuncias ocurrió en Bogotá con 54 casos, seguido de Medellín con 15 y Bucaramanga con 11 casos, entre otros.

La Fiscalía destacó igualmente que a la fecha sólo se han hecho dos imputaciones por delito de hostigamiento, debido a que la mayoría de las denuncias son del 2013 y están todavía en investigación.

Entre los casos reconocidos que investiga la Fiscalía, se destaca una denuncia en contra de un médico que publicó un anuncio para contratar como asistente a una médica cirujana, que tenía que ser “de piel blanca”.

Igualmente, se investiga el caso de Fernando Delgado un concejal de Marsella, Risaralda, quien en una sesión del Cabildo equiparó a los indígenas, afrodescendientes y desplazados al cáncer.

Exactamente, Delgado dijo: “dicen que no fueron 9 sino 7 los primeros damnificados en la escuela de Suratena, los que estaban ubicados en La Siria tumbaron los ranchitos que tenían porque sabían que les iban a dar casa nueva. Siendo sinceros, grupos difíciles de manejar en un Gobierno como los desplazados, negritudes e indígenas, son tres cánceres que tiene el Gobierno Nacional”.

Igualmente, se destacó el caso del estudiante Jorge Alejandro Pérez, quien a través de su cuenta de twitter, se burló de la tragedia del municipio de Fundación, Magdalena, donde fallecieron incinerados 33 menores de edad.

El joven indicó bajo la etiqueta “#meprendocomoniñoenbus”, lo siguiente: “tan cara que está la gasolina y desperdiciarla en 32 costeños”.

En conclusión, lo más importante de la audiencia pública sobre discriminación, fue la postura institucional de la Fiscalía General de la Nación, que coadyuvó la demanda, pidiéndole a la Corte que amplíe el contenido de la Ley Antidiscriminación para que también incluya como delito los actos de discriminación y hostigamiento que se ejerzan sobre las personas con discapacidad.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.