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lunes, 11 de agosto de 2014

En este sentido, el actual Gobierno aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para Todos”, Ley 1450 de 2011, que en su artículo 176 ordenó diseñar  la política pública de discapacidad, por lo que se aprobó el documento Conpes 166 de 2013 del Consejo Nacional de Política Económica y Social,  que rediseña la política actual de discapacidad, trascendiendo las políticas de asistencia o protección, hacia políticas de desarrollo humano con un enfoque de derechos. 

Con estos importantes antecedentes, la población con discapacidad el pasado 14 de junio le solicitó al Señor Presidente de la República las siguientes líneas programáticas en su segundo periodo:

En primer lugar por su premura, piden participar en el nuevo Consejo Nacional de Paz que reforme la Ley 434 de 1998, en el entendido que la violencia social y la guerra en Colombia han sido unas de las principales causales de discapacidad. 

En segundo lugar, la población con discapacidad considera necesario dar continuidad a la nueva Política Pública de Discapacidad, habiendo propuesto en el documento programático, ser incluidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, al igual que en el actual, para concluir la extraordinaria labor del actual Gobierno, consagrando la necesidad de realizar el rediseño institucional de la discapacidad en Colombia.

En tercer lugar, plantean la necesidad de modificar la estructura institucional de la discapacidad en Colombia, ajustándose a los nuevos modelos conceptuales que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Realizar este ajuste legislativo estructural, permitirá sentar las bases para la definición del diseño institucional de la discapacidad en la estructura de la administración, dado su carácter de multicausalidad, multisectorialidad y  su nivel de complejidad para su abordaje, el cual requiere del concurso de todas las instancias de Gobierno y de la sociedad colombiana. 

En cuarto lugar, solicitan aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009,  que prevé la supervisión de la aplicación de la Convención tanto en el plano internacional como nacional.  

En el plano internacional, el Protocolo Facultativo prevé la supervisión a través de tres procedimientos, presentación de informes, procedimiento de comunicaciones individuales y de un procedimiento de investigación. 

En quinto lugar, piden ratificar el Tratado de Marrakech y trabajar para su implementación, para que se permita el intercambio internacional de libros accesibles para personas con discapacidad visual.

En sexto lugar, requieren aprobar una ley de cuotas laborales para la población con discapacidad, culminando la tarea realizada con la Ley Estatutaria de Discapacidad 1618 de 2013, que ya incorpora la obligación de fijar un porcentaje para esta población en los cargos públicos, porcentaje que aún no se ha determinado por el Gobierno, en su potestad reglamentaria, del numeral 11 del artículo 189 constitucional. En séptimo y último lugar, piden que se apruebe una ley de cuotas política, que garantice la participación efectiva en la vida política, tal como lo señala el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009, que en el literal (a) indica que se debe asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás. 

Igualmente agrega la Convención, que se debe garantizar que las personas con discapacidad puedan presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, derecho que no será efectivo mientras no exista una ley de cuotas en política que obligue a los partidos a incluir a las personas con discapacidad, argumenta esta población.

En conclusión, la población con discapacidad solicita dar continuidad a la nueva Política Pública de Discapacidad, agradeciéndole al Gobierno colombiano en cabeza del señor Presidente de la República, que promovió esta Política, con el objetivo de reafirmar su compromiso con la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores; así como su interés en fortalecer el empoderamiento y ejercicio de su participación para incidir en la garantía de sus derechos.  

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