lunes, 14 de agosto de 2017

EL artículo 333 de la Constitución política estableció que “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”, pero la representante a la cámara, Clara Rojas González, parece que tiene una interpretación diferente.

Tenemos un esquema de valores esquizofrénico: De una parte, nos parece censurable que exista la prostitución, nos han hecho creer que es un trabajo indigno mientras reconocemos que es “el oficio más antiguo del mundo”. Pareciera que solo concebimos el modelo de la prostitución como esclavitud porque no entendemos en nuestras estrechas mentes que pueda existir quien libremente ejerce ese oficio. Por alguna razón puritana vemos con desdén, lástima y hasta asco a quienes ejercen la prostitución y por razones de otra naturaleza, sobre las que vale la pena reflexionar, la relación mujer-prostitución es la primera que hacemos mentalmente, como si fuera un oficio exclusivo de mujeres.

Colombia es un país en donde la inequidad y la falta de oportunidades campean, nadie va a discutir esa dolorosa realidad ni que muchas personas encuentran como fuente de trabajo el sexual como única alternativa de sustento, precisamente por encontrarse en estado de vulnerabilidad, pero negar que también existen quienes ejercen de forma libre y consciente la prostitución es ver sólo un lado de la moneda. La prostitución incomoda, es tan moralmente incómoda que cuesta pensar que sea una actividad libre; es tan incómoda que como sociedad la escondemos bajo el tapete, nos hacemos los que no la vemos y cuando no podemos negar su existencia porque nos cachetea tratamos de eliminarla como pretende el proyecto de ley de Clara Rojas.

Ya fue suficiente de consideraciones morales y parroquianas. ¡No más! Asumamos que la prostitución existe, es una realidad y no siempre se trata de una forma moderna de esclavitud que elimina cualquier libertad de quien la ejerce.

La prostitución como actividad económica es legal y así debe permanecer; como oficio, debe regularse en tanto es una actividad de alto riesgo, como tantas que están reglamentadas para su ejercicio seguro. El Estado tiene el deber de proteger a los trabajadores sexuales en igualdad de condiciones a como lo hace con el resto de trabajadores, finalmente todos somos iguales ante la ley y gozamos de los mismos deberes y derechos, hacer distinciones porque un trabajo es mejor o peor visto bajo el lente de la moralidad es discriminación.

La prostitución es una actividad económica indiscutible. Entonces ¿por qué una representante a la cámara que se dice liberal pretende con un proyecto de ley obstruir y restringir su libre ejercicio? ¿Por qué en lugar de buscar restricciones inútiles no pensamos en crear mecanismos de control a cualquier abuso de posición dominante en el mercado nacional de la prostitución? La incomodidad que suscitan ciertas actividades en algunos sectores no puede ser el remedio a la falta de creatividad legislativa.

Si a la señora Clara Rojas lo que le preocupa la inequidad y falta de oportunidades, debe concentrar sus esfuerzos legislativos en buscar alterativas para combatirlas y lograr mayor inclusión; y no, como está haciendo con su proyecto de ley, crear una brecha mayor que pone en una verdadera situación de vulnerabilidad a los trabajadores sexuales.

Lo que debe combatir el estado no es la prostitución, ni el acceso a los servicios sexuales sino el abuso de poder y las conductas que resultan violatorias de los derechos de los trabajadores sexuales: Proxenetismo, trata de personas, turismo sexual, etc. Señora Representante, por favor, vea el bosque y no el árbol, preocúpese por solucionar la causa de aquello que le incomoda que, si no elimina la prostitución y de paso su incomodidad, por lo menos así sí va a garantizar que miles de colombianos que obtienen su sustento a través de la prestación de servicios sexuales lo hagan en condiciones dignas.