Opinión

La avalancha que arrasó con el debido proceso

Todos los días desde hace casi un mes, como si se tratara de una bola de nieve, hemos estado siendo bombardeados con una serie de noticias escandalosas sobre los presuntos abusos sexuales y conductas inapropiadas cometidas por diferentes personajes de la farándula internacional. Todo empezó con las denuncias públicas en contra de Harvey Weinstein hechas por más de una decena de actrices y mujeres relacionadas con la industria cinematográfica que afirmaron haber sido acosadas por el productor.

Después, la bola de nieve creció, las denuncias llegaron hasta Kevin Spacey, quien presuntamente abusó de algunos jóvenes actores y que como respuesta a esas declaraciones hizo pública su, hasta ese momento privada, homosexualidad. A esta avalancha de acusaciones, se sumaron otras más de diferentes hombres y mujeres en contra de otros tantos actores, productores y realizadores de cine y televisión. Al parecer nadie en Hollywood era ajeno a las cuestionables prácticas del ejercicio del poder para lograr favores sexuales.

Todo esto, tan reprochable, tristemente no es más que “un secreto a voces” que de cuando en cuando se torna escandaloso para vender más o menos ejemplares de tabloides. Historias como la de Brooke Shields, Marylin Monroe, Jane Fonda, Michael Jackson y Bill Cosby, por citar algunos ejemplos de víctimas y presuntos victimarios, fueron objeto de reportajes, documentales y notas sensacionalistas. Nada pasó y muchas víctimas se mantuvieron calladas porque “nada iba a cambiar ni a pasar”.

Hoy, luego de décadas de presuntos abusos sin consecuencias, reproches o censura, muchas mujeres y hombres han alzado su voz para denunciar todo aquello que dicen haber sufrido y soportado por miedo a perder lograr sus sueños y metas profesionales. A juzgar por las reacciones a las denuncias que tienen salpicado a casi todo Hollywood, pareciera que hoy quien denuncia un abuso no es revictimizado y sometido a cuestionamientos sobre qué tan veraz es lo que está diciendo o qué tanto se expuso imprudentemente al riesgo de ser abusado y/o agredido sexualmente: “no debía estar sola caminando por ahí y con esa ropa”, “es que lo provocó”, “se trató de una transacción sexual entre adultos”, “si entró a la habitación es porque sabía a qué iba”, etc. El mundo ha empezado a dejar de tolerar los abusos.

El mensaje es contundente y poderoso: el primer paso para superar la impunidad es la denuncia. Sin embargo, ese mensaje tan poderoso y valioso parece estar transformándose en un mecanismo que socialmente legitima desconocer el derecho al debido proceso de aquel que se acusa.

No me interesa defender la conducta de nadie y mucho menos de abusadores.

Creo que indiscutiblemente cualquier abuso de poder debe ser castigado, pero no por eso desconoceré que hasta tanto no sea demostrado en juicio que una persona es culpable de lo que se le imputa, debe tratársele como inocente (que no significa restarle valor al dicho de la víctima e irrespetarla en su dolor). También creo que, cuando una persona calla y omite su deber y derecho de denunciar en tiempo asume las consecuencias de su inactividad: Pierde el derecho.

La presunción de inocencia es un derecho que, sin distinción alguna, implica que solo en la medida en que se logre probar en un juicio que alguien es culpable, así lo será. Por lo que mal hacemos en condenar socialmente a quien no fue denunciado judicialmente en tiempo y que por eso mismo perdió la oportunidad de defenderse en el curso de un proceso judicial. Si bien la intolerancia a las conductas abusivas es valiosa en tanto que rompe con el silencio cómplice e hipócrita, esto no puede ser la excusa para tomar represalias ante cualquier denuncia pública, que no judicial, sin agotar el debido proceso.

Toda moneda tiene dos caras, y así como hay silencio y falta de denuncia, también hay falsas denuncias motivadas por los más mezquinos deseos de dañar. No se puede perder la objetividad y apresurarse a sancionar a un acusado sin pruebas solo por la existencia de declaraciones de quienes se dicen víctimas. Tampoco se puede someter al denunciante a vejámenes únicamente para que, a fuerza de aguante, logre demostrar de lo que fue víctima quedando tanto o más dañada de lo que estaba con el abuso inicial.

Antes que categorías de víctimas y victimarios se trata de personas que, sin distinción, son iguales ante la ley en deberes y, sobre todo, en derechos.