Opinión

Cacería de brujas

¿Por qué los particulares reclaman tanto a la Nación? No creo que se trate únicamente, como pareció afirmarlo el director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado en una entrevista la semana pasada, de una “industria de abogados dedicada a esquilmar al Estado y a extraer recursos de todos los colombianos para favorecer a unas pocas personas, abusando de la ley” o que las empresas contratistas del Estado tengan en sus nóminas más abogados que ingenieros que diseñen estrategias encaminadas a ganar licitaciones y celebrar contratos para luego “cuadrar la caja” demandando los contratos para restablecer el equilibrio económico. 

Más allá del abuso del derecho a litigar que se concreta en demandas temerarias o en pretensiones desproporcionadas, que las hay -como las brujas-, lo cierto es que el funcionamiento deficiente de muchas de las entidades del Estado es lo que da lugar a que los particulares sufran, en su individualidad, daños antijurídicos que no están en la obligación de soportar, ya sea por fallas en el servicio o por una deficiente actividad contractual de la administración que es, precisamente, la que da vía libre a los “abusos” de los que tanto se duele el Dr. Vélez. 

Pensemos en un Estado que cumple a cabalidad con sus obligaciones constitucionales y legales, en funcionarios incorruptibles que se ciñen a los principios de planeación, responsabilidad, transparencia, economía y selección objetiva que gobiernan la contratación pública. Pensemos también en supervisores de los contratos públicos que efectivamente supervisen la ejecución de los mismos y en interventores que no sean fichas de quitar y poner. Pensemos en un control serio y técnico, no solo jurídico, a la actividad contractual. Tal vez así la responsabilidad de la Nación como contratante se vería reducida o por lo menos el riesgo de condena sería menor.  

No podemos involucionar hasta llegar a la irresponsabilidad del Estado ni mucho menos llegar al punto, al que ya estamos llegando, de temer por las represalias que pueda haber en contra de quienes representen los intereses de particulares en sus reclamaciones judiciales a la Nación o, peor aún, contra quienes en derecho resuelvan las controversias en las que resulte responsable el Estado. No se puede dar inicio a una cacería de brujas digna de la inquisición persiguiendo o vetando a cuanto juez o árbitro resuelva que una entidad incumplió un contrato, ejerció de forma indebida sus facultades exorbitantes o falló en la planeación y preparación de los pliegos de condiciones de un contrato, etc. 

El Estado colombiano debe procurar que su actuación sea acorde a la Constitución y la Ley, velar por que sus agentes sean diligentes y tener un estándar de autorregulación que le permita reducir los riesgos de demanda y no sólo cazar brujas fuera de la administración procurando desestimular las reclamaciones de los afectados, que ahora no sólo tienen que someterse a procesos de más de diez años sino a acciones disciplinarias en su contra, o amenazando de forma velada a los operadores judiciales que encuentren responsable a la Nación.