Opinión

Decreto 870 de 2017: el nuevo marco legal de los Pagos por Servicios Ambientales

¿Qué es un sistema de Pago por Servicios Ambientales? 
Un sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) puede ser definido como una herramienta direccionada a promover y remunerar la provisión de servicios ecosistémicos por parte de los agricultores, propietarios y/o ocupantes de bienes rurales y comunidades étnicas diferenciadas. Su finalidad es la de otorgar incentivos monetarios y/o en especie para promover actividades de protección, conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas y de los servicios que estos proveen. 

En síntesis, la lógica que sustenta la implementación de este tipo de sistemas es la de estimular conductas ambientalmente deseables a través del incentivo económico que se otorga al gestor del ecosistema por las actividades que desarrolla en beneficio de la sociedad en general.

¿Cómo funciona un PSA? 
Un sistema PSA funciona como un mecanismo de naturaleza voluntaria en la cual un proveedor de un servicio ecosistémico se compromete a desplegar acciones de conservación que le permitan suministrar uno o varios de estos servicios a un interesado en recibirlos, a cambio de una remuneración en dinero o en especie. El interesado puede ser una persona de derecho privado o de derecho público. De conformidad con el Decreto 870 de 2017, el valor de la remuneración tomará como base el costo de oportunidad de las actividades productivas representativas que se adelanten en las áreas y ecosistemas estratégicos.

¿Cuál es la importancia de establecer un sistema PSA en nuestro país?
La implementación de un sistema PSA en Colombia reviste particular importancia por varias razones: 

(i) complementa las técnicas de comando y control típicas del derecho ambiental mediante la incorporación de herramientas de incentivo positivo cuyo objetivo primordial es estimular conductas ambientalmente positivas mediante su remuneración; (ii) reconoce el valor económico, social y cultural de los ecosistemas y de los servicios que éstos proveen; (iii) incentiva la estructuración de proyectos direccionados al bienestar de las poblaciones rurales del país, con énfasis en los pequeños y medianos agricultores y propietarios rurales, incluyendo a las comunidades étnicas; (iv) aumenta el espectro de actividades que pueden ser desarrolladas para dar cumplimiento a las obligaciones de compensación asociadas al otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones y concesiones de proyectos, obras o actividades.