Opinión

Pañales cartelizados

Las empresas a las que se les formularon cargos por hacer parte del denominado cartel, son Drypers Andina S.A., con su marca Baby Sec, Productos Familia S.A., con su marca Pequeñín, Colombiana Kimberly Colpapel S.A., con su marca Huggies y Tecnoquímicas S.A. – Tecnosur S.A.S., con su marca Winny Ultratrim. 

Ahora bien, frente a los directivos de las referidas “empresas”, existen pruebas suficientes que involucran a 44 “ejecutivos” de estas, dentro de los que se encuentran ex viceministros, familiares de ministros, esposos de excongresistas y exembajadoras, y profesionales de gran trayectoria, todos con estudios en las mejores universidades tanto nacionales como extranjeras.

Los pañales desechables hacen parte de los productos que componen la canasta familiar, y aquellos que hemos tenido la fortuna de ser padres sabemos de la cantidad que consumen los bebes en sus primeros años y el costo que implica la adquisición de estos.

Por lo anterior resulta inaceptable, reprochable y de la mayor gravedad, que empresas de la trayectoria de las imputadas recurran a este tipo de maniobras que atentan contra la libre competencia que debe regir el mercado, la cual en términos generales representa la libertad de decisión de los que participan en el mercado, en un contexto en el que las reglas de juego se suponen claras para todos y en teoría se cumplen efectivamente. 

La libre competencia, nos han enseñado siempre, se basa fundamentalmente en la libertad de elección tanto para el consumidor como para el productor, generando incentivos para que una empresa obtenga una ventaja competitiva sobre otra mediante la reducción de costos y la superioridad técnica. 

Lo anterior se traduce en el aumento de la eficiencia de las empresas para producir un incremento en la calidad del producto que se ofrece y un correlativo decrecimiento de los precios, lo que permite que una mayor cantidad de consumidores tenga acceso al mercado.

Y es con esta conciencia que se cartelizan de manera repugnante las empresas, acordando mantener la baja calidad de los productos ofrecidos, aumentando los precios de manera gradual y generalizada.

En resumen, los consumidores reciben productos de baja o media calidad, la cual ha sido previamente acordada por los cartelizados, pagando por estos precios cada vez mas altos, también como consecuencia de los previos e ilegales acuerdos.

A la fecha, existen pruebas suficientes para imponer sanciones ejemplares tanto a las empresas como a los “reputados” ejecutivos, que en todo caso tienen todos los recursos legales para procurarse una defensa que garantice el debido proceso y la presunción de inocencia; sin embargo, parece ser que la tarea no va a ser fácil, toda vez que se sabe que al menos dos de las empresas han dado inicio a un proceso de delación, buscando beneficios al momento de la imposición de sanciones, por lo que estaríamos ya frente al “Cartel de los sapos”.

La conducta desplegada por tan “ilustres” empresarios, constituye claramente una de las mas graves conductas típicas atentatorias de la libre competencia, no solo por el aumento acordado de los precios y la correlativa afectación del funcionamiento de los mercados, sino por tratarse de un sector tan sensible de la economía, como el de los pañales desechables para bebé que hacen parte de un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual por una familia típica para su sostenimiento. Dicho conjunto de bienes se denomina canasta familiar y es utilizada con distintos propósitos, siendo una de sus principales funciones la de servir de referencia para el cálculo del índice de precios al consumidor (IPC), en particular, mide el porcentaje en el que esta cambia a través del tiempo. Este índice se utiliza como referencia para calcular la inflación, por lo que cualquier interferencia acordada en cuanto al incremento de los precios en uno de los productos que componen la misma, genera una distorsión que va mas allá de una práctica de competencia desleal.

Así las cosas, esperamos sanciones ejemplares por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no solo para las empresas que han hecho parte de tan aberrantes prácticas, sino para los ejecutivos involucrados, pero adicionalmente, se hacen necesarias sanciones por parte de los consumidores a tan bajos empresarios, y no puede ser otra que la cartelización de los consumidores en contra de estos productores y comercializadores, la cual debe tener como único objetivo el no consumir sus productos.