Opinión

Un nuevo camino al desarrollo

La buena noticia es que la región es plenamente consciente de ello, y a principios de 2015 los gobiernos de todos los países -reunidos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC- asumieron el compromiso formal de acabar con el hambre al año 2025, mediante el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, el cual ha recogido las principales políticas y experiencias exitosas de los países de la región para crear una hoja de ruta hacia hambre cero.

Se trata de una meta aún más exigente que la adoptada por la comunidad internacional a través de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que fijaron el año 2030 como el plazo límite para lograr un mundo libre de hambre.

Pero esta mayor ambición de América Latina y el Caribe está plenamente justificada: es la región mundial que ha logrado los mayores avances en la lucha contra el hambre, ya que más de treinta millones de personas han superado la subalimentación en la región en los últimos veinticinco años. Además, fue la única región del mundo en lograr las dos metas internacionales del hambre, tanto la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como la de la Cumbre Mundial de la Alimentación, al reducir tanto su proporción como su número total de subalimentados a menos de la mitad desde los niveles de 1990.

Veinticinco años atrás, el 14,7% de los latinoamericanos y caribeños vivía con hambre, más de 66 millones de mujeres, hombres, niños y niñas vivían a diario sin comida suficiente para llevar una vida sana y activa. Hoy el porcentaje se ha reducido a sólo 5.5%, pero aún quedan 34.3 millones de Latinoamericanos y Caribeños que padecen hambre.

El Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC está directamente enfocado en este objetivo y en el logro del bienestar nutricional de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.

En el caso particular de Colombia  la población de más alta vulnerabilidad es aquella que habita en zonas rurales apartadas, en las que se han vivido  con más intensidad los efectos del conflicto armado que enfrenta el país desde hace más de 50 años.

Como consecuencia de ese conflicto, estas comunidades rurales han visto  comprometida la producción de alimentos y padecido la destrucción de los cultivos, las restricciones a la movilidad impuestas por los diferentes actores armados, el desplazamiento forzado hacia zonas urbanas primordialmente,   y  las afectaciones al medio ambiente .  Esto ha incidido negativamente en su seguridad alimentaria y los efectos suelen persistir tiempo después, pues la recuperación de los cultivos, la infraestructura y el capital social puede tomar varios años. 

Después de tres años de diálogos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, muchos observadores coinciden en que la firma de un acuerdo de paz podría ser alcanzada durante el primer semestre de 2016. La construcción y consolidación de la paz tras la firma del acuerdo requerirán grandes esfuerzos y liderazgo del Gobierno al nivel nacional y local, así como el apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional. 

La FAO coopera con el Gobierno Colombiano y pone a su servicio todas las herramientas de las que dispone para avanzar hacia la recuperación del campo e impulsar el desarrollo rural y la construcción de paz. 

En ese contexto, las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional desempeñan un papel importante, así como la amplia experiencia de la organización en programas de campo y trabajo con comunidades rurales vulnerables. 

El derecho humano a la alimentación y la obtención de la seguridad alimentaria y nutricional para toda la población, incluyendo las poblaciones en zonas afectadas por el conflicto y las comunidades que se reintegran a la vida civil, deben estar en el centro de las políticas públicas para la consolidación de la paz y la erradicación de la pobreza rural en los territorios afectados. Un énfasis especial deberán tener los programas de combate a la desnutrición crónica infantil y los programas de alimentación escolar.

Esta sería la base para hacer frente a muchas de las problemáticas que afectan a la vida de la población rural pobre en Colombia, como el acceso a la tierra y la productividad de la agricultura familiar, ya que no puede existir paz sin seguridad alimentaria, ni seguridad alimentaria sin paz.