Opinión

No vamos a legalizar el robo de tierras a campesinos

Cada día es más espeluznante y vergonzoso lo que se conoce sobre el robo de tierras en Colombia. Es la cruel radiografía del Estado burlado, con o sin su complicidad. Y una historia infame de despojo a la población campesina.

Como Senador de la República me siento en la obligación de alejar toda posibilidad de que se legalice el robo de tierras al Gobierno y a los pequeños productores del campo.

Otro aspecto que es fundamental y necesario señalar es que antes de ser aprobado cualquier proyecto de ley sobre baldíos, hay que saber la verdad de lo que ha ocurrido en los últimos años. Indigna y entristece que no haya semana en la que un alto funcionario del gobierno o un acaudalado hombre de negocios, no esté salpicado con este escándalo.

El pasado 13 de agosto, durante el debate en el Senado sobre las apropiaciones ilegales de tierras baldías y el fracaso de muchos procesos de reforma agraria en nuestro país, cité el caso de Bionergy y Riopaila denunciado por la revista Semana pero enriquecido con datos omitidos por esa publicación. Semana no dice que Bionergy, utilizando recursos de la Nación, como subsidiaria de Ecopetrol, ha entregado a la empresa Riopaila Castilla S.A. la mayoría de las tierras que tiene arrendadas, bajo la modalidad de arrendamiento o subarriendo, ya que son inmuebles de terceros arrendados por ella.

Lo hace con un canon promedio de $633.032 Hectárea Neta año, y la duración pactada de estos contratos se encuentra entre los 12 y 20 años, con posibilidad de prórroga. En estas tierras, Riopaila Castilla S.A. adelanta un proceso de siembra de caña de azúcar para cosecha, corte y transporte a la planta que la empresa Bionergy S.A. construye en los llanos Orientales. El pago del arriendo se descuenta de la venta de caña que Riopaila le hace a Bionergy S.A. En resumen, esto es mejor que los baldíos, porque Bionergy S.A. le entrega tierras a Riopaila Castilla por 20 años y le asegura la compra de toda la producción.

Entiéndase bien, con recursos públicos se entregan tierras a un particular para que produzca caña de azúcar, se le garantiza la compra de la producción a ese particular y además se le dice: “descuéntese el arriendo de lo que produzca”. Hasta la fecha este contrato con recursos públicos se ha estimado en $573.750.000.000 de pesos: Primer Contrato: $375.000.000.000 – 29 de Noviembre de 2010; Segundo Contrato: $218.750.000.000 – 3 de Diciembre de 2012.

Conviene que los lotes entregados en arriendo a Riopaila Castilla son adquiridos por Bionergy S.A. en calidad de arrendamiento a terceros. Solo 500 hectáreas son de propiedad de esta subsidiaria de Ecopetrol.

Ya quisieran los pobres y campesinos de Colombia que el Estado les entregara tierras para que la trabajen y encima les compre toda la producción.

Yo pregunto: Si toda la siembra y sostenimiento de caña se encuentra tercerizada en cabeza de Riopaila y si de la tierra que el ingenio utiliza para esto solo 500 hectáreas son de propiedad de Bionergy S.A., porqué el resto es de otros particulares. Cómo justifica Ecopetrol la utilización de esos montos de financiación agrícola, cuando su subsidiaria no se encuentra ni comprando tierras ni sembrando caña. ¿Está Bionergy S.A. utilizando su endeudamiento para financiar a Riopaila?.

El proyecto que permitirá la producción de 103.445.000 litros de etanol por año utilizando 14.400 Hectáreas, cuesta alrededor de 4.690.000.000.000 de pesos. De los cuales, para su factor agrícola y su factor industrial tiene aprobado un endeudamiento con bancos por 547.000.000.000 en total y ya se han gastado a la fecha aproximadamente 537.000.000.000 de pesos.

A la fecha la producción no ha iniciado, originalmente se creía que comenzaba en marzo de 2013, pero ahora se espera que lo haga este mes. Tal situación lleva a indemnizaciones en los contratos, especialmente en el de Riopaila Castilla, que ya ha tenido un impacto económico. Como lo informa la empresa Bionergy S.A., se ha generado una cuenta por pagar a dicha empresa por valor de mil trescientos treinta y tres millones de pesos.

Esta es una mínima parte de la gravedad del problema que significa el manejo de tierras en Colombia y de las indelicadezas e irregularidades que se pueden estar escondiendo en las relaciones público – privadas para tales efectos desastrosos. Será una madeja que tendremos que desenredar toda antes de aprobar un proyecto de ley sobre baldíos. Porque en este caso la impunidad no puede ser el premio mayor para los corruptos involucrados