Opinión

El problema de la tierra

Hace años se habla del difícil problema inmobiliario en Colombia, dificultades como: falsa tradición, manipulación de títulos, fuerza, titulación insuficiente, mal uso de la “accesión”, acumulación de baldíos para comercializarlos muy posiblemente adquiridas de buena fe, y en latitudes de orden público los grupos armados ilegales despojando a sus anchas, pero lo más insólito: ciudadanos “decentes” utilizando argucias jurídicas, despojan bienes inmuebles en procesos ejecutivos espurios para comprarlos a precios irrisorios vía remate judicial.

Para mayo de 2013, la Superintendencia de Notariado y Registro, informaba que el problema de la tierra productiva en Colombia no superaba el 10%, hoy sin necesidad de mencionar cifras exactas sabemos que en solo el departamento del Vichada, una gran cantidad de predios fueron adquiridos por un número determinado del sector industrial, a lo mejor de buena fe, desconociendo en muchos casos que esas tierras eran adquiridas a incautos indígenas de la región a precios irrisorios, la hectárea tuvo un precio base de ciento cincuenta mil pesos, un precio a todas luces ridículo, para no entrar en detalles de las formas y las argucias para hacerse a la tierra. 

Según informes de la misma entidad, la mayor parte del despojo en Colombia se dio por “P o P”: plata o plomo, basta recordar el mayor despojo en el Urabá por parte de las Farc, en los años 90, o el mismo fenómeno en departamentos del Meta, Arauca y otros tantos en las últimas décadas, pero no solo las víctimas fueron nuestros nobles y buenos campesinos, ciudadanos trabajadores, y empresarios del agro; la mayor víctima del despojo con “argucias” jurídicas fue el Estado, el robo de baldíos y predios del Fondo Nacional Agrario fueron el festín de los bandidos, a ello también el fenómeno que viene dándose urbano más allá de “tinterilladas” en procesos ejecutivos espurios, es el flagelo de estafa a terceros de buena fe.

Nueva modalidad que agobia hoy día a tantos ciudadanos incautos, en la cual bandas organizadas falsifican títulos, y con “ayuda” de funcionarios corrompidos en oficinas de registro los modifican por horas, cambiando titulares del dominio, estos a su vez venden a supuestos “terceros de buena fe” quienes estafan a verdaderos compradores, que tienen el sueño de tener dentro de sus haberes lo más preciado, un bien inmueble que en otras palabras es el anhelo de tener “tierra”; este fenómeno viene dándose en Bogotá, Medellín y Cali, la respuesta a este flagelo por parte del señor superintendente de notariado y registro es: “no hay que confiarse de los títulos”, entonces ¿en que confiamos los ciudadanos?

La misma entidad, diagnostico 67 formas de despojo jurídico de la tierra en Colombia, utilizados por bandas criminales, grupos terroristas, narcotráfico, y comerciantes inescrupulosos; también se destaca que hay seria amenaza del uso de la tierra en parques nacionales, amenaza cercana al 70%. ¿Qué medidas se han tomado?, se destacó que el mayor despojo  se da desde los escritorios incluso sin mediar amenazas a quien tiene el dominio, situación que pretendo evidenciar aquí: en Bogotá, la señora Cristina Carrera Larramendi con ocasión de obligación por expensas comunes con la copropiedad le inician proceso ejecutivo por determinado valor de dinero.

En el proceso de ejecución, liquidan crédito con fraude a la ley, pues su copropiedad requería atestar las cuentas y créditos en virtud del carácter mixto de la misma, situación que obliga a tener revisor fiscal por cuenta de su uso comercial y residencial, nunca se atestaron las cuentas, nunca existió revisor fiscal, nunca quisieron conciliar con ella, pago su obligación, meses más tarde le fue rematado su apartamento avaluado en cerca de 960 millones por 160 millones, se desconoce el “incauto” que compro; todo indica la mala fe de sus verdugos para despojarla de su “tierra” hoy ella es una desposeída más con unas monedas, si eso pasa en Bogotá, ¿imagina usted que pasa en la región?, ojalá ella logre defender sus intereses en instancia judicial; por lo pronto resta saber: ¿quién nos defiende de estos entes todo poderosos en la propiedad horizontal?