sábado, 11 de noviembre de 2017

En días pasados se llevó a cabo el Foro de Competencia y Regulación organizado por la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia.

El evento reunió a expertos que debatieron acerca de la incidencia del Estado en el manejo de las telecomunicaciones, el rol de la regulación en este sector, la naturaleza y características que debiera ostentar el ente encargado de promulgarla y cómo afecta el exceso de reglamentaciones el escenario competitivo y la concurrencia de los actores en el mercado.

En Colombia nos hemos acostumbrado a solucionar formalmente todos los problemas con la expedición de normas. Sin embargo, los retos planteados por el avance de la tecnología nos llevan a cuestionarnos si la regulación es realmente el instrumento adecuado para acompañar los procesos de innovación, si ella realmente cumple con su función de corregir las fallas del mercado y proteger al usuario o si, más bien, representa un obstáculo a la libre competencia.

Se debate si, ante los avances tecnológicos, el Estado debe mantener una posición neutral o si, le corresponde intervenir el campo de juego y garantizar a los consumidores los beneficios que se derivan de los nuevos desarrollos e incluso se cuestiona si se debe restringir la innovación para proteger el “status quo”.

Al margen de estas discusiones, lo cierto es que en no pocas ocasiones las regulaciones van en contra de su objeto y se erigen en una carga que impide el verdadero cambio cuando en realidad ellas debieran estar encaminadas a promover la competencia, y cuando ello no sea posible, a prevenir abusos por los participantes en el mercado. La inquietud radica en garantizar que las decisiones del ente regulador no vayan en contravía de los usuarios, del sector de telecomunicaciones y que no encarezcan los costos de los servicios.

Jorge Negrete, director de Mediatelecom, en su presentación señaló la importancia de realizar una reforma estructural a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de forma que ella se convierta en un ente independiente del Ejecutivo con autonomía técnica y política. En este sentido, advirtió que el Gobierno debe decidir qué papel quiere jugar: si compite, regula o genera política pública; sin embargo, en Colombia lo hace todo. Lo deseable es que el ente regulador sea independiente e inmune a la influencia política. En palabras de Roslyn Layton, consultora internacional experta en implementación de regulación de telecomunicaciones, “entre más libre sea este, se genera mayor bienestar para las personas”. A esta misma conclusión llegó un estudio de la Ocde sobre el sector en Colombia, en el que se resaltó la importancia de que esta entidad tome medidas para proteger la competencia y evitar sobrerregulaciones que afecten su desarrollo y lleven a contradicciones insalvables y a la inseguridad jurídica, lo que puede a su vez resultar en una verdadera encrucijada para los destinatarios de esas regulaciones.

Otros panelistas como Iván Antonio Mantilla, subdirector de telecomunicaciones del DNP, fueron más enfáticos en sostener que el enfoque regulatorio no debe ser lo primordial, sino que los esfuerzos deben concentrarse en asegurar el acceso de todos a las tecnologías de la información. Aun así, en un entorno en el que las políticas no están articuladas y en que las instituciones no tienen un horizonte definido, sería importante comenzar a pensar en sustituir el modelo de regulación por uno que dinamice el sector y la sana competencia en favor de los usuarios.