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lunes, 24 de julio de 2017

No deja de ser paradójico que a pesar de que el mundo haya tardado desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial hasta 1994 en establecer finalmente la OMC, organización cuyo objetivo no fue otro que consolidar el sistema multilateral de comercio, en la actualidad el comercio mundial se desarrolle a través de acuerdos bilaterales que son la antítesis del referido sistema.

En efecto, el comercio multilateral se fundamenta en una expresión del principio de igualdad como es la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF).

Ello supone que en las relaciones comerciales no deben existir preferencias ni tratos privilegiados o discriminatorios por cuanto toda ventaja conferida por un país a otro debe extenderse de manera automática e incondicional a los demás partes contratantes.

A diferencia de lo anterior, el comercio bilateral se fundamenta en privilegios y ventajas de acceso exclusivos que confiere un país a otro, es decir que esas preferencias no se hacen extensivas a los demás, lo que significa que en esencia esos tratados son discriminatorios y ese es precisamente su principal atractivo.

Así, el primero en suscribir un tratado bilateral con una potencia es el más beneficiado, y su ventaja en relación con sus socios comerciales, radica no en que sus productores sean más eficientes que los de otros países sino en que goza de una preferencia arancelaria de la que no se benefician los demás. Por ello se dice que estos tratados generan desviación de comercio y de inversión, además de que debilitan la posición negociadora de aquellos países que no constituyen centros de poder.

Estos convenios se han celebrado al amparo del artículo XXIV del Gatt que constituye una excepción a la NMF pero en la realidad han pasado a ser la regla general, hasta el punto que hoy en día no existe prácticamente ningún país que no haya celebrado un tratado de esta naturaleza. De ahí que el comercio ha pasado de ser multilateral a multipolar.

Esta es una realidad que llegó para quedarse y más aun con el advenimiento de la administración Trump.

En el caso de Colombia, nuestro país ha firmado 16 TLC, y cada uno contiene diferentes normas de origen, desgravaciones arancelarias, cláusulas de salvaguardia, de solución de diferencias, lista de exclusiones, etc. Es probable además que las ventajas derivadas de un tratado puedan ser neutralizadas o contrarrestadas por lo negociado en otros. Lo anterior significa que la cantidad de tratados en vigencia genera un escenario heterogéneo que impone la necesidad de designar una agencia del estado que los administre y se dedique a estudiar los puntos de encuentro y de conflicto entre ellos, en donde están las oportunidades de promover cadenas productivas de valor, y de determinar la mejor forma de aprovecharlos.

Es menester también rescatar los mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades del Estado y entre el sector público y privado para definir las prioridades en materia de comercio exterior.

Es el caso por ejemplo de la Comisión Mixta de Comercio Exterior, que hace tiempos no se convoca, ni reúne y a la que se le había asignado la formulación de una política general y sectorial del comercio exterior o el Comité Interinstitucional de Comercio Exterior.

Y es que como bien lo ha señalado Dani Rodrik, el reto de hoy es hacer de la apertura un fenómeno sostenible y consistente con los objetivos sociales y ello solo se puede lograr con políticas armonizadas.