Opinión

El que no conoce la historia está condenado a repetirla

En días pasados el Presidente de la República Juan Manuel Santos, ante el incremento de víctimas provenientes de los accidentes de tránsito  producidos por conductores ebrios y en el contexto de la crítica situación jurídica que afronta este fenómeno en nuestro país representado en la actualidad por Fabio Andrés Salamanca (quien fue puesto en libertad por la jueza Carmen Gualteros al considerar que no se reunían los presupuestos para imponer la medida de aseguramiento en su contra debido a que no representa un peligro para la sociedad), lanzó una propuesta que, al rompe, pareciera sonar satisfactoria, efectiva y prometedora. Sin embargo, la realidad es otra.
 
En su propuesta, formula la posible incautación de los vehículos cuyos conductores conduzcan en estado de embriaguez hasta por el término de 10 años y su posible extinción de dominio, señalando que “más de uno lo pensará dos veces si no solamente le quitan la licencia, sino que le quitan el vehículo que está manejando”. No obstante lo anterior, dicha propuesta puede representar más dolores de cabeza y demandas contra el Estado que reales soluciones al problema planteado. 
 
Analizando la propuesta presidencial y las características de la figura, la incautación de un vehículo requiere de las siguientes participaciones para su implementación: la presencia de la fuerza pública encarnada por la Policía Nacional, judicial encabezada por la Fiscalía General de la Nación, administrativa representada por alguna entidad estatal que administre los bienes incautados y pública o privada concebida en personas naturales o jurídicas que actúen como depositarias provisionales (administradoras) de los bienes incautados y puestos a disposición de la entidad estatal encargada de su administración. Sin contar con la jurisdiccional, personificada por jueces de la república que deberán conocer de la acción de extinción de dominio, en caso que se quiera extinguir el derecho de propiedad de tales vehículos.  
 
A pesar de que todo pereciere estar perfectamente sincronizado para lograr los cometidos propuestos, de acuerdo a lo ya descrito, bástese revisar la historia que en torno a la figura en comento se ha generado en nuestro país. El ejemplo más representativo y actual es la política de lucha contra el narcotráfico y consumo de drogas iniciada por el Estado Colombiano en los años 80´s mediante la creación e implementación de la acción de extinción de dominio frente a bienes provenientes de delitos de narcotráfico y conexos, con la cual se pretende atacar tales fenómenos mediante la disminución patrimonial y económica de quienes se dedican a tales actividades; intención que resulta ser la razón de existencia la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación. Entidad que, desde su origen hasta la actualidad, ha sido la encargada de la administración, a nivel nacional, de los bienes incautados por la Fiscalía General de la Nación en desarrollo de la acción en mención. 
 
Más allá de los problemas de corrupción que se generaron en torno a la indebida administración de los bienes ejercida por los antiguos Directores de la entidad (quienes en la actualidad son investigados y judicializados por tales motivos) y que generaron su entrada en liquidación, lo cierto es que la correcta y diligente custodia de cualquier clase de bien demanda un sinfín de exigencias respecto de las cuales el Estado Colombiano, según la experiencia vivida por la DNE y demás entidades intervinientes, carece de coordinación para su correcta satisfacción.