Opinión

Repensar el sector petrolero

Hace 17 años, cuando los precios cayeron a cerca de US$10 por barril a raíz de la crisis financiera en Asia, muchas cosas pasaron en el mundo y en Colombia.  Hubo reducción de actividades exploratorias y de producción, se cancelaron proyectos, se redujeron los costos operacionales, se despidieron trabajadores, se cortaron presupuestos, se incrementaron las protestas, se fusionaron empresas, se generaron crisis gubernamentales, en fin, ocurrió un fuerte impacto que obligó a recomponer y restablecer la forma de comportarse de los diversos actores en el sector petrolero.

En el exterior, tal como lo señala Daniel Yergin en “The Quest”, nacieron las llamadas “Supermajors” por la fusión de BP y Amoco en 1998, por la compra de éstas a Arco en 1999; por la fusión de Exxon y Mobil en 1998; por la compra de Total a Petrofina en 1999, y luego de Total a ELF en el mismo año;  la fusión de Chevron y Texaco en el 2000; y la fusión de Conoco y Phillips en 2001. También surgieron nuevas Alianzas con las principales empresas nacidas con la disolución de la Unión Soviética: Lukoil, Surgut, Yukos y Tnk. 

Fueron acentuados los impactos en Venezuela, puesto que la necesidad de mejorar los ingresos mediante las políticas de impulso a la producción con base en estímulos a la inversión extranjera, coincidió con el cambio de gobierno y su consecuente revisión, bajo el mandato del Coronel Chávez.  Se dejó en evidencia que los principales efectos de la baja pronunciada en los precios golpean muy fuerte a las economías basadas mayoritariamente en la producción y exportación de petróleo.   

La enfermedad holandesa y el llamado “toque de Midas invertido” son las características de estados que, como en el caso de Venezuela, sus ingresos dependen en 50, 70 o 90 por ciento del sector petrolero. Con la primera, debido a los considerables ingresos de un solo producto, ocurren altas importaciones e inflación, pérdida de empleos y de competitividad. Con el  segundo, la rigidez fiscal produce un creciente volumen de gastos debido a que los presupuestos fueron establecidos con base en precios altos que no se corrigen, así como los auxilios en el consumo interno de gasolina y las políticas asistencialistas.

Nuestra situación, no es la de la Venezuela de 1998, ni la del 2015, pero hay acciones por tomar.

La permanencia del nuevo rango de precios del petróleo obliga a trabajar de diversas maneras por parte del Estado, de las empresas y de la comunidad. Al Estado le corresponde alivianar los efectos en el sector industrial para evitar la disminución de la actividad y la pérdida de inversión en procura de mantener la producción y las reservas. Las medidas expedidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos le apuntan a este objetivo. Pero también debe procurar que se mantenga la competitividad con estabilidad de reglas, hacer posible la ejecución segura de actividades en las regiones; ajustar la carga fiscal para reducir el “government take”, acortar los trámites de licenciamiento y enfocarse en infraestructura que es la piedra angular del sector.

A los industriales les corresponde optimizar sus operaciones, lograr eficiencias en sus proyectos, utilizar tecnologías, ser social y ambientalmente responsables y romper paradigmas. “Que las empresas del sector dejen de tomar como punto de referencia en materia de inversión y competitividad al “government take” y empiecen a preocuparse más por un “company take”. “En vez de pensar que los costos determinan el precio, se debe concentrar en que el precio determina los costos”, afirmó David Hobbs, ex vicepresidente de IHS Cera, jefe de Investigación del King Abdullah Petroleum Studies and Research Center en Arabia Saudita.

A las comunidades, adiciono yo, incluyendo vecinos de las operaciones, trabajadores, proveedores locales, todos los que con su permiso facilitan la llegada al campo de un industrial, les corresponde analizar y tomar decisiones en favor de la oportunidad que se les presenta para mejorar sus condiciones de vida, así como exigir y respetar el cumplimiento de la ley por parte de las empresas y las autoridades.