Opinión

Participación ciudadana responsable

Hoy por ejemplo, algunos hablan de la necesidad o no del referendo para definir el destino de la patria en relación con el proceso de paz, también se promueven a nivel regional las consultas populares sobre temas de interés local, pero son muchos los que desconocen qué implicaciones tiene acudir a tales figuras, y cómo puede incidir o no, la voluntad popular en las decisiones finales, sometidas previamente a los mecanismos de participación. 

Contamos con la Ley Estatutaria 1757 de 2015, la cual es ejemplo de una ley con todas las garantías para el ejercicio ideal de la democracia participativa. Se incluyen entre estos el cabildo abierto, el referendo, la consulta popular,  el plebiscito, la convocatoria a Asamblea Constituyente y  la revocatoria del mandato. Es un estatuto completo, que tiene todos los elementos necesarios para el ejercicio de la democracia, en su concepto más amplio, tendiente a hacer valer los intereses generales y el bien común, y consultar con el pueblo las políticas públicas y su implementación. Hasta ahí todo suena bastante bien. 

El problema surge cuando se va a hacer uso de tales mecanismos, en especial aquellos promovidos por autoridad pública, dado que quienes deberían ser sus mayores impulsores, los desconocen, los utilizan de manera equivocada o los evitan para no incurrir en el desgaste de su ejercicio. Vemos entonces cómo congresistas presentan proyectos de ley que desconocen los mecanismos a través de las cuales se pronuncia el sentir popular, para crear otros, mandatarios regionales y locales que ignoran las políticas públicas nacionales y la propia legislación, para que el pueblo se pronuncie en contra, finalizando con personeros municipales, quienes deberían liderar la participación ciudadana y no la insubordinación. 

Todo esto ocurre, en mi sentir, por la falta de educación para la participación responsable. Cuando quienes ejercen los cargos públicos de representación popular y representan el interés general en el ministerio público a nivel local, no saben o no encuentran cómo darle vida a los mecanismos de participación ciudadana, hay algo que claramente no está funcionando, y no es propiamente la ley. 

Hay falta de instrucción sobre estos mecanismos. Eso debe explicarse y enseñarse a estas personas para que entiendan el valor que un voto puede tener. Entonces el uso incorrecto, incluso para hacer ofrecimientos en campañas electorales, a fin de cambiar la orientación de las políticas públicas, que se ha fijado desde la Jefatura del Estado o para desconocer el marco normativo nacional,  constituye un abuso de un derecho.

 Falla también la participación cuando es iniciativa popular y por la misma razón. Los líderes populares no ejercen el control de los asuntos públicos de manera pacífica y por las vías institucionales. Como decía algún experto en estos días, “los colombianos nos hemos acostumbrado a las vías de hecho, más que a las de derecho”, y eso no debería ocurrir. 

Por eso preferimos los paros nacionales y las protestas populares, que el control de lo público a través de las veedurías ciudadanas. 

Para que este estatuto de participación ciudadana pueda colmar las expectativas de la democracia, se requiere mejorar la educación para la participación responsable a todos los niveles. Solo entonces tendremos la democracia que nos merecemos.