Opinión

Fortalecimiento de lo local

El citado debate ha girado alrededor de las industrias extractivas principalmente, en cuanto a que la Nación no debería ser la única en decidir dónde ni cómo se adelantan estas industrias, cuando son las regiones las que soportan sus impactos. 

Son muchos los que apoyan esta tesis y, sin muchos argumentos de índole jurídico, no ven problema alguno en restarle liderazgo al Gobierno Nacional en estos asuntos. Pues bien, ahora se sumarán al debate otros temas que quizás no sean de tan fácil asimilación, en especial luego de que la Corte haya decidido que las medidas adoptadas por el Gobierno y el Congreso para sacar adelante los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines), no se justifican si ellas excluyen a las regiones. 

Para la Corte, no debe olvidarse que los artículos 287 y 288 de la Constitución Política le otorgan a los municipios autonomía en el manejo de los asuntos que los afectan, la capacidad para planificar su desarrollo a nivel local, y que el numeral 7o del artículo 313 les otorga a los concejos la facultad para reglamentar el uso del suelo dentro del municipio. Entonces con ello en mente, lo primero a mencionar es la discusión y aprobación de la próxima reforma tributaria. 

El Gobierno nos ha dicho que se buscará racionalizar los tributos, mejorar los ingresos estatales y no afectar la productividad. Eso podría lograrse, si las propuestas técnicas del Gobierno son razonables y el Congreso las avala, donde los representantes de las regiones tienen asiento. 

Sin embargo, poco o nada se ha dicho respecto de la posibilidad que seguirán teniendo las regiones, aún después de aprobada de la reforma, de definir impuestos, tasas y contribuciones que se sumarán a lo que la Nación diseñe para el futuro. 

Entonces los esfuerzos que se hagan para mejorar el marco tributario, con estudios técnicos profundos, pueden verse afectados si las regiones aumentan los impuestos prediales, de industria y comercio, vehículos, así como las tasas y las contribuciones, todo en ejercicio de esa autonomía de que gozan. 

La Comisión de Reforma Tributaria identificó la existencia hoy de 13 tarifas de impuestos departamentales y 20 municipales, así como 24 gravámenes y contribuciones, lo cual no es nada despreciable en términos de sumas a pagar. 

¿Se justificará entonces revisar la forma como se armonizarán estas facultades?, ¿las de la Nación y el territorio en materia impositiva?. Otro tema pendiente de reglamentar durante el primer semestre del año, es las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres), que según la ley que las creó, otorga a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, una entidad de carácter nacional, la facultad de influir  en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, para promover ciertas industrias agrícolas y un plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad en las regiones. 

La citada norma prevé la participación de las Gobernaciones en el proceso, pero ¿qué pasará con los municipios y lo que éstos opinan al respecto?, ¿puede la Nación orientar y liderar el desarrollo en zonas donde considera deben adelantarse actividades económicas, con miras a integrarlas al resto del país productivo, sin los municipios? O esa es una opción exclusiva de las regiones y sus pobladores, que deben poder decidir sí quieren cambiar su economía local hacia los grandes desarrollos que quiere promover la Nación.

 Son solo dos ejemplos pero todas las propuestas nuevas para avanzar como país, podrían verse amenazadas mientras no se concilien las formas de ejercer las funciones y responsabilidades del Estado en todos sus niveles. Se necesita impulsar el debate y aclarar estos temas, por el bien del país.