Opinión

Clínicamente muertos

La novela de la destitución de Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá ha dado pie para evidenciar de manera clarísima e irrefutable lo que desde hace varios años es un secreto a voces: en Colombia no hay un ápice de seguridad jurídica porque la justicia ha perdido el norte.

Los jueces son el alma de una sociedad, la conciencia de una nación. De los políticos se puede esperar cualquier cosa y, por más daño que hagan, no tienen la fuerza suficiente para erosionar los cimientos de una democracia, a menos que se vuelvan dictadores. Ocurre lo contrario cuando los operadores judiciales se desquician. Los fallos sesgados y determinados por otros intereses, distintos de los principios de la verdad y la justicia, se erigen como ataques con la entidad suficiente para arrasar hasta con el último vestigio de institucionalidad. Se trata, pues, de la peor de las tiranías.

Lo he dicho hasta la saciedad: me parece que el Procurador históricamente no ha sido un funcionario objetivo, pero hay que reconocer que, frente a la destitución de Petro, actuó con un inusitado apego a la ley. El hecho de que Ordoñez sea “godo” y que su labor esté marcada por sus creencias políticas y religiosas no demerita una decisión en particular, que, a todas luces y objetivamente hablando, es justa. Lo ideal sería que el Procurador siempre actuara de esa forma, pero ese es otro tema. Aclaro: estoy en desacuerdo con la mayoría de las posturas de Ordóñez, lo que no me impide reconocer sus pocos aciertos.

Cuando el mismo Ordoñez ha destituido a personas cercanas a la derecha, nadie ha dicho nada. El mensaje que se recibe de Petro y los jueces que lo secundan es obvio: quien es de izquierda tiene patente de corso para hacer lo que le apetezca; en cambio, si se profesa otra ideología distinta, la justicia debe operar con toda rigurosidad. El argumento de que Ordoñez no tiene la potestad legal para sancionar a un funcionario elegido popularmente, francamente es pura demagogia y se cae de su propio peso. Y sigo aclarando: siento gran admiración y respeto por muchos miembros de la izquierda democrática que realizan un trabajo invaluable y necesario.

Las actuaciones de Petro en la implementación del nuevo sistema de recolección de basuras en Bogotá violaron de manera sistemática leyes establecidas, lo que automáticamente lo convierte no solo en sujeto pasivo de la Procuraduría, sino también de la Fiscalía. Así muchos pretendan exculparlo, Petro incurrió en delitos como el prevaricato y la celebración de contratos sin cumplimento de los requisitos legales, entre otros.

La avalancha de tutelas y recursos que se han fallado a favor de Petro es un claro ejemplo de la crisis que vive nuestra justicia. Nunca como hoy la situación había sido tan gravosa. Muchos jueces desprecian el derecho y toman decisiones por su personalísima forma de pensar, por amiguismo, por contemporizar con los medios, por complejos, odios, revancha, ansias de poder y, en el peor de los casos, por plata. Hay gente muy decente y proba en la rama, pero lamentablemente son una minoría acorralada.

El asunto es tan complejo, que hasta los inversionistas extranjeros lo están pensando dos veces antes de hacer negocios en nuestro país. Ya ni siquiera confían en los tribunales de arbitramento locales y pactan en los contratos tribunales internacionales. Ni que decir de los nervios que producen en esos industriales los devaneos jurídicos de jueces y magistrados que legislan y acomodan cada tanto la ley a su criterio, destrozando de un plumazo los acuerdos y pactos establecidos.  

En fin, por donde se mire la justicia está hecha trizas, y ese panorama tiende a empeorar. Un país sin justicia verdadera está llamado al fracaso. No hay futuro si no hay justicia.

¡En Colombia, el derecho y la justicia están clínicamente muertos!