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  • Alejandro Arias

viernes, 17 de febrero de 2012

Al cierre del año pasado bajo el título de 'Santa Marta: impunidad, personaje 2011', afirmé que no es exagerado afirmar que en Colombia, y en especial en Santa Marta, el crimen sí paga.

Y tiene en los órganos de investigación y control a sus mayores cultores. Haciendo referencia a la forma como acabaron la ciudad y aún así de forma impune sus causantes pasean sus nuevas fortunas sin que nada pase.

Pues bien, como resultado de tal escrito recibí un mail de un alto funcionario de la oficina de Control Disciplinario de la Contraloría General de la República. Me precisa dicho funcionario lo siguiente: 'En su escrito indica que se han presentado denuncias a la Contraloría General de la República, sobre las cuales no hay un sólo pronunciamiento, relacionadas con el Sistema Estratégico de Transporte Público, el acuerdo de acreedores y la ley 550, el endeudamiento y comprometimiento de vigencias futuras y los megacolegios en la ciudad de Santa Marta . Como los link o direcciones de correo electrónico que usted reporta no han podido ser abiertos, en los que según su información acompañan los documentos probatorios, me permito solicitar se nos remita copia de las denuncias formuladas a la Contraloría General de la República, las cuales no han sido atendidas, con el propósito de dar trámite la acción disciplinaria correspondiente, en el marco de la ley 734 de 2022'.

Y cómo desatender tan sorpresivo correo. Apreciado doctor, sólo en el mes de febrero de 2011 ante esa entidad interpuse las denuncias cuyos radicados le relaciono a continuación: 2011-14813-82111-D; 2011-14812-82111-D; 2011-14806-82111-D; 2011-14801-82111-D; 2011-14783-82111-D; 2011-14798-82111-D y 2011-14784-82111-D. De ellas de fondo nada se ha resuelto.

En total fueron 37 denuncias por comportamientos sospechosos derivados de visitas y auditorías de autoridades nacional en el que los presuntos autores son el ex alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Diazgranados Pinedo, y personal de su gabinete distrital. Pero a parte de las anteriores denuncias le puedo señalar otras de muy evidente complejidades y probadas circunstancias.

La primera que le puedo citar está relacionada con los megacolegios en virtud a control excepcional decretado. Denuncia que radicamos en compañía con el ex concejal Antonio Peralta el día 23 de mayo de 2011. Y para cuya investigación no fue suficiente una denuncia sino que terminaron sumándose dos más que complementaban la primera.

De estas denuncias, mi respetado doctor, resultó un informe preliminar en el que se detectaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 11 corresponden a hallazgos con presunto alcance disciplinarios, 4 con presunta incidencia penal, 4 solicitudes de Función Advertencia y 1 solicitud de Indagación Preliminar, y aún así nada ha pasado, pero los contratos de concesión siguen generando cargas pecuniarias en contra de los recursos de la educación del Distrito.

Pero también le puedo hablar de las denuncias en relación a las irregularidades e inviabilidad del Sistema Estratégico de Transporte Público, hoy denominado TUS. Denuncia esta que se radicó en desarrollo de otro control excepcional, en el que hicimos acompañamiento a la comisión de funcionarios para que, en terreno, verificara la inviabilidad y ausencia del cierre financiero de dicho proyecto. Y de ahí, cero pollito, mi querido doctor.

Y ni qué contarle del archivo que la Gerencia del Magdalena decretó al expediente del contrato del Distrito con Aserpaz por valor de $1.700 millones muy a pesar que de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional se concluyó que no hay estudio técnico.

Solo existe un documento de dos páginas cuyo título es 'Estudio técnico' a efectos de justificar el contrato suscrito o que en ninguno de los establecimientos se encontraron niños estudiando, a pesar de que el contrato estipula que los niños estudiarían de 6 de la mañana a 5 de la tarde en relación con la conciliación que posteriormente se celebrara y en la que se pagó $700 millones con platica de la educación; en ambos casos tales hallazgos quedaron consignados en dos actas de visitas del MEN.

Antecedentes
En Santa Marta la corrupción si paga, y si no vea la dulce penitencia, acompañada de bom bom bum, que le impusieron al ex alcalde en la Procuraduría General a pesar de haber calificado la falta como gravísima y luego de 4 años de investigación. Esperemos a ver qué puede hacer usted porque lo único que hay de cierto es que la contraloría nada que actúa.

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