lunes, 27 de mayo de 2013
Ha salido publicado que Sigifredo López creó una fundación cuyo objetivo es tratar de llevar a la libertad a personas que como él han sido víctimas de burdos montajes, de señalamientos inescrupulosos que lo llevaron a pasar un tiempo recluido en prisión y ser el blanco de acusaciones que se demostraron infundadas, esta difícil tarea en casos que no atraen el lente de los medios de comunicación, se encuentran para esas personas las más de las veces sin esperanza alguna de recuperar lo que nunca debieron perder, su libertad.
Efectivamente la prueba testimonial es una de las herramientas con las que cuenta tanto el ente acusador, como la propia defensa para edificar su teoría del caso; pero el error no radica ahí, se plasma en que si analizamos la mayoría de material probatorio que se allega a un juicio, en un alto porcentaje corresponde a testimonios con señalamientos que merecen ser investigados, pero que algunas veces y desde luego con excepciones no cuentan con la suficiente rigurosidad en quienes tienen en cabeza la acción penal para hacer simples labores de verificación; claro ejemplo de este hecho es el testigo del caso del joven Colmenares, que gozó por una noche de don de la ubicuidad y resultó ser un fraude, expulsado de programa de protección de testigos y hoy acusado por falso testimonio.
Es hora que la Fiscalía explote realmente al sistema penal acusatorio, que se haga uso de la prueba técnica como mecanismo para dar soporte a sus teorías, y dejar el abuso de la prueba testimonial, que para la el ente acusador tiene un peso pero para la defensa tiene otra valoración por parte de los administradores de justicia; no es equitativo que se presenten oportunistas que con tal de obtener una rebaja de pena u otro beneficios, se vayan lance en ristre en contra de personas que de seguro no tienen injerencia en lo que se les está queriendo involucrar y los lleven a padecer, días, meses y hasta años en prisión, para luego demostrar que son inocentes. Las cifras son alarmantes, la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado ha develado que si prosperan las demandas por privación injustificada de la libertad en Colombia, estaríamos hablando de comprometer seriamente la viabilidad financiera del país; creo con firmeza que el problema radica en parte por una exigencia que se inventaron de estadísticas a los fiscales como mecanismo de evaluación de su gestión, ya que al interior de la entidad es más eficiente quien tiene más capturados que quien no los tiene por ser garantista, y este último termina pagando su respeto a la Constitución, en algunos casos con una resolución de insubsistencia.
Se debe ser riguroso a la hora de las exigencias a nuestros funcionarios judiciales, así como ellos ponen un punto alto a la hora de sus requerimientos en salarios, de la misma manera debemos hacer un cambio estructural en el sistema, requisitos inquebrantables en las calidades personales y profesionales; capacitación y evaluación constantes de detalles como los derechos fundamentales, y eliminar la valoración de eficiencia a través de estadísticas que engordan las demandas judiciales en contra de la nación. Así como he puesto estos ejemplos, ahora se está presentando ese fenómeno en el carrusel de la contratación, para lo cual hay testigos que tienen en su espalda más de un detenido, y seguro sin soporte a sus afirmaciones; recordemos que no es solo señalar de mala fe buscando beneficios, sino aportar elementos que permitan corroborar lo dicho sin lugar a dudas, toda vez que la duda siempre debe interpretarse a favor del investigado.
Es una voz de urgencia que necesita este sistema, para que cambie la mentalidad de “una orden de captura no se le niega a nadie” o voces que corren que hay un carrusel de funcionarios que están usando esto como trampolín para que sean ascendidos o promovidos por sus relucientes resultados, cuando terminan como el fiscal del caso Colmenares, del anonimato al desprestigio personal y de la mano llevan el institucional. Confío que el Doctor Montealegre es la persona idónea para dar el viraje que merece la justicia penal.
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