sábado, 7 de julio de 2012
Tras la captura de Camilo Torres Martínez , alias `Fritanga` el pasado 2 de julio , varias polémicas se han desatado en la esfera de la opinión pública.
Desde su falsa muerte, pasando por la realización de la fiesta temática en el hotel Punta Faro, en la Isla Múcura, hasta la participación de artistas, modelos y cantantes en el evento, son hoy por hoy el centro de debate de autoridades, abogados y analistas. Por esta razón, LR analizó los tres principales centros del debate en materia judicial, destacando que las implicaciones legales son determinantes a la hora de tener nexos con el narcotráfico.
Fraude procesal por acta de defunción
Uno de los puntos de mayor controversia que se desprenden del sonado caso del narcotraficante, alias ` Fritanga`, tiene que ver con la expedición de su acta de defunción, pues según los documentos que reposaban en la Notaria 17 de Bogotá, este habría fallecido el 2 de diciembre de 2010. Por lo menos así lo certificó el médico Augusto de Jesús Gallego Tobón, quien para la época determinó que Camilo Torres Martínez habría fallecido de muerte natural. Por los hechos, la Fiscalía compulsó copias para que se investiguen las posibles responsabilidades en este caso. De acuerdo con el penalista Francisco Bernate, la responsabilidad penal de este suceso recaería solo en el médico, pues los funcionarios de las notarias obran bajo un principio de confianza. ' Ellos no están en la obligación de verificar si la persona realmente murió', aseguró. De acuerdo con el especialista, el galeno posiblemente tendría que responder por el delito de falsedad ideológica en documento público, el cual contempla una pena de cinco a 12 años de prisión, así como por el delito de fraude procesal, tras haber inducido al error al notario, un acto por el cual podría ser sancionado hasta con 12 años de cárcel y multas de hasta 1.000 Smlv.
Investigarán construcción del hotel
Al conocerse la noticia sobre la ostentosa reunión donde el narcotraficante celebraba su matrimonio, el lugar donde se departió la ceremonia ha traído serias dudas al respecto. Conocido como Punta Faro, este sitio, ubicado en la isla Múcura, aparece bajo la administración de una persona natural. Sin embargo, según lo han manifestado las autoridades, este lugar habría sido entregado por el paramilitar Salvatore Mancuso para reparar a las víctimas de la violencia, aunque estas no hayan podido utilizarlo por considerar que es un terreno baldío que aún pertenece a la nación. Según lo dio a conocer ayer el Superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, la entidad abrirá una investigación conjuntamente con el Incoder para aclarar la construcción de un hotel en esta isla, lugar donde se presentó la captura del narcotraficante. 'Conocemos que el hotel está afiliado a Cotelco Barranquilla, ya nos confirmó la entidad gremial', dijo Vélez. De igual manera, el funcionario señaló que Óscar Alzate es la persona que figura como representante del establecimiento, por lo que, partiendo de esta personas las entidades iniciarán la investigación. Mientras tanto, la pelea jurídica deberá resolverla el Consejo de Estado.
Negación de la visa para los artistas
Si hay un punto que genere controversia entre los analistas y abogados en todo este debate es la responsabilidad que le cabe a los artistas y representantes legales que asistieron y amenizaron la fiesta temática del narcotraficante incluido en la lista `Clinton`, pues muchos, como es el caso del abogado de cantante vallenato Silvestre Dangond, Abelardo de la Espriella, han asegurado que estos no tienen por qué responder por su asistencia al evento, pues acuden a sus presentaciones de buena fe, máxime cuando el mismo estado mismo presumía que el narcotraficante estaba muerto. Sin embargo, otros analistas como es el caso del abogado Ignacio Cantillo, aseguran la responsabilidad de la asistencia debería recaer más que en los artistas sobre los representantes legales de los mismos, pues son estos quienes deben velar por los contratos que llevan a cabo y las implicaciones del mismo. Según el analista, si bien es cierto es poco factible que la justicia arremeta sobre estos, el hecho sí podría traerles serias consecuencias con las autoridades norteamericanas quienes podrían considerar que la realización de un contrato con una persona de la lista negra es una causal para negar la visa e impedir la realización de negocios en EE.UU.
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