• Colprensa

lunes, 20 de noviembre de 2017

El 28 de marzo de 2017, la Supersalud ordenó la toma de posesión inmediata y liquidación de la entidad

La Superintendencia Nacional de Salud informó que en cumplimiento del fallo proferido por Tribunal Administrativo de Córdoba el pasado 14 de junio, inició el proceso de entrega de bienes , haberes y negocios a la Empresa Prestadora de Salud, Manexka.

“Somos respetuosos del ordenamiento jurídico y en este sentido, hoy (lunes) iniciamos con la entrega de los bienes a los representantes del Cabildo Mayor Regional del pueblo Zenú y Embera Katío de Manexka, hemos agotado todos los recursos legales para garantizar los derechos en salud de esta población. Seguiremos realizando una estricta supervisión, fundamentalmente con la red de prestación de servicios para la población afiliada y el uso de recursos”, aseguró el superintendente Nacional de Salud (e), Luis Fernando Cruz Araújo.

El 28 de marzo de 2017, la Supersalud ordenó la toma de posesión inmediata y liquidación de la entidad, tras identificar una defraudación al sistema de salud con desvío de recursos que fueron utilizados con fines distintos, amparándose en la protección especial indígena, hecho con el que se puso en riesgo a su población afiliada.

Entre los principales hallazgos que dieron origen en su momento a la decisión, según la Supersalud estaban:

- Venta de inmuebles de propiedad de Manexka a la IPS Indígena del mismo nombre por $600 millones, sin que el valor de dicha transacción se evidenciara en los registros contables. A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de $240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades.

- Manexka no entregó información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede en la que actualmente funciona y que de acuerdo a los libros contables asciende a $2.900 millones. Esta operación se configura como una apropiación indebida de recursos de la salud, pues aparentemente este dinero salió de los recursos que asigna el Gobierno por cada afiliado.

- Contabilización de ingresos extraordinarios ficticios para dar cumplimiento a la norma de habilitación financiera del orden de los $13.800 millones.

- Pago de honorarios a miembros de la Junta Directiva sin autorización por $304 millones.

- Gastos de nómina registrados y pagados como costos en salud.

- Se rastrearon cuentas bancarias activas e inactivas que nunca fueron reportadas en los estados financieros.

- Celebración indebida de contratos con la IPS Sumisalud S.A.S encargada del suministro de medicamentos, la cual fue creada el 24 de enero de 2013, sin embargo, el contrato había iniciado desde el 1 de enero del mismo año. Las facturas presentadas por esta IPS nunca fueron auditadas, es decir, se pagaba sin verificar si efectivamente se había prestado el servicio o no.

- A la IPS Sumisalud S.A.S. se le otorgaron anticipos y avances por $1.177 millones, a pesar de estar prohibido en el manual de contratación de la EPS.

- Se contrató a la empresa Montes Quality Group S.A.S el 5 de enero de 2015, a pesar de que la empresa había sido creada solo 12 días antes (24 de diciembre de 2014). Esto evidencia que no se tuvo en cuenta ni la idoneidad ni la experiencia para su contratación.

- La empresa Montes Quality Group S.A.S realizaba las funciones de auditoría de cuentas médicas, verificación de derechos de los afiliados, sistema obligatorio de garantía de la calidad y oportunidad en los servicios ofrecidos, calidad de historias clínicas. Esto, de acuerdo con la Supersalud, se configura como una tercerización en el aseguramiento porque son actividades que debe adelantar la EPS sin que puedan ser delegadas bajo ninguna circunstancia o figura.

- Se identificaron autorizaciones para la realización de procedimientos estéticos sin que existan evidencias de pago en los registros contables.

- Se emitieron autorizaciones de servicios de salud a 513 fallecidos por valor de $733 millones.

“Teniendo en cuenta los hallazgos que sustentan la decisión de la entidad, desde el 7 de noviembre solicitamos a la Corte Constitucional la revisión del fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el martes 14 de noviembre en audiencia pública por criterio de selección lucha contra la corrupción fue seleccionada y estamos a la espera de la decisión del magistrado ponente”, agregó Cruz.

Según la Superintendencia, la entidad puso en conocimiento tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Contraloría General de la Nación en el mes de mayo, una serie de presuntas irregularidades relacionadas con los orígenes y fuentes de financiación de las operaciones de Manexka para que se adelanten las acciones penales y fiscales que correspondan y determinar los responsables de los hechos denunciados.