• Diario Financiero - Santiago

martes, 14 de noviembre de 2017

En el texto de la demanda aseguran que la falta de respuesta de la Direcon en la negociación previa al juicio impidió el pago a sus bonistas de US$ 23,7 millones.

A fines de mayo, los accionistas de las dos firmas colombianas del Transantiago, Alsacia y Express Santiago Uno, que en conjunto operan 30% del sistema de transportes capitalino, demandaron en un juicio arbitral al Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

Hasta el momento, los detalles de la demanda no habían sido revelados a la espera de la definición del tercer árbitro del proceso. Ya fueron confirmados Anna Joubin-Bret, quien fue designada por Chile, y Oscar M. Garibaldi, por los demandantes.

En el documento de casi treinta páginas, los hermanos Carlos y Francisco Javier Ríos acusan de persecución al Estado, al aplicar medidas arbitrarias que derivaron en un estrangulamiento financiero.

“El Estado ha perseguido a las compañías (que han incurrido y siguen incurriendo en pérdidas millonarias), aumentando la presión hasta destruir las inversiones de los demandantes en momentos que sabe especialmente críticos”, señala el documento.

Los empresarios, representados por el bufete de abogados francés Dechert LLP, también acusaron de la retención por cuatro meses del pago de US$ 10 millones a la empresa Express Santiago Uno, monto que fue cancelado en junio pasado.

Además acusa a la Direcon de desoír sus demandas de incumplimientos de contrato, después que fuera notificada formalmente de los problemas, etapa previa al Ciadi y que permite llegar a un entendimiento entre las partes.

“Para sorpresa de los demandantes, a pesar del tiempo transcurrido desde el envío de la notificación de intención, en dicha reunión la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Direcon) les informó que desconocía los pormenores del caso, y se comprometió a escribir a los demandantes –en las siguientes dos semanas–, proponiendo modalidades y fechas para las negociaciones. Los demandantes enfatizaron en dicha reunión la necesidad de resolver la situación con urgencia (entre otros, porque Alsacia debía pagar a sus bonistas US$ 23,7 millones la semana siguiente) y solicitaron al Estado no adoptar medidas que pudieran agravar la disputa. El Estado no cumplió con lo prometido y Alsacia finalmente no pudo pagar a los bonistas”, acusa el documento.

Además, el escrito acusa de expropiación de inversiones tras la reasignación de cinco rutas que administraban y que fueron pasadas a otros concesionarios.

Esgrime que el Estado no salvaguardó el equilibrio financiero de las empresas, ya que no adoptó medidas para el control de la evasión y vandalismo causando “gastos millonarios”. Alude que, al verse forzados a suscribir la renegociación de los contratos en 2011, se redujo el pago fijo que recibían, desde 95% a 30% garantizado y cuyo monto variable pasó a depender de la cantidad de pasajeros transportados.

Ampliación de contrato

Pese a las diferencias que mantienen los accionistas con el Estado, ayer Express Santiago Uno informó la ampliación de su contrato.

Según informó a la SVS, la operación de su concesión del Troncal 4 y los servicios alimentadores de Macul, Peñalolén, La Reina y Ñuñoa operarán hasta junio de 2019, es decir ocho meses más de lo contemplado.

Esto, porque la firma incorporó tecnología Euro IV en sus buses cuando el exigido era Euro III. Esto obligará que la transición de los operadores de la licitación en curso deberán extenderse un par de meses más de lo previsto.

Las sociedades que controlan los hermanos Ríos en Chile
La demanda ante el Ciadi se conoce días después que el Servicio de Impuestos Internos informará a la ministra de Transportes, Paola Tapia, sobre la investigación de sociedades off shore de estas empresas en paraísos fiscales y los contratos que mantienen con otras sociedades relacionadas.

En el escrito se detalla las sociedades mediante las cuales los accionistas tienen el control de las compañías.En el caso de Alsacia, controlada por Global Public Services (Panamá) está conformada en forma sucesiva por Promenade Financing Company (Delaware), The Promenade Trust y Promenade Carrier (Islas Vírgenes), cuya propiedad está dividida en partes iguales por los hermanos Ríos.

En el caso de Express, el mapeo es más complejo ya que incluye nueve sociedades de inversión con sede en Panamá, Chile y Bermudas que dan origen a Inversiones Eco Uno, sociedad que controla este troncal.

La mayor parte (60%) está en manos de Panamerican Investments LTD con origen en Chile, un 21,5% es de Alsacia, y un 10% de Ferroaluminios Limitada Panamá con sede en el país caribeño.

A ello se suma Ursus Corporation, con 2%, y EDTM Konsultores E.U. con 6,1%. Tras estas dos últimas sociedades están Panamerican Investments con sede en Bermuda y Global Public Services y Doers Transportation Ltda y Heveryos S.A. de Panamá, respectivamente.