martes, 27 de agosto de 2013
La audiencia en la que un juez de Bogotá definiría las pruebas que se tendrán en cuenta en el proceso que se adelanta a la abogada Aidé Acevedo, y a María del Pilar Gómez, por supuestamente tratar de entorpecer el proceso del conocido caso Colmenares, quedó aplazada para el próximo 16 de septiembre.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que el aplazamiento obedeció a que el abogado Mauricio Camacho, quien defiende los intereses de Gómez, también está involucrada, no pudo asistir a la diligencia.
De acuerdo con las investigaciones, las dos mujeres habrían intentado obstruir la investigación que se adelantaba por la muerte del joven estudiante de la Universidad de Los Andes.
El pasado 9 de marzo la Fiscalía acusó formalmente a las dos mujeres por los delitos de favorecimiento de homicidio y fraude procesal, señalando que habrían buscado mediante diferentes formas el cambio del fiscal 11 de Vida, Antonio Luis González, quien adelantaba dicha investigación por la extraña muerte del joven de 20 años registrada el 31 de octubre de 2010.
Según el ente de investigación, durante el proceso la abogada habría planeado dicho cambio por medio o a través de la Dirección Nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa. En la investigación se pudo comprobar que Acevedo habría presentado una petición para hacerlo efectivo.
Así mismo, ente acusador asegura que tanto María del Pilar Gómez como Aidé Acevedo presuntamente habrían presionado para que algunos de los principales testigos no se presentaran a los interrogatorios a los que fueron citados por el fiscal González.
“La abogada Aidé Acevedo y María del Pilar Gómez, madre de Carlos Cárdenas, estaba fraguando un plan que tenía dos orientaciones: la primera buscar el cambio del fiscal 11 seccional, señala el escrito de acusación radicado el pasado 25 de diciembre.
En el documento de 17 páginas, se señala además que las dos mujeres hablaron con Carlos Cárdenas y Kelly Alejandra González con el fin de que “no cumplieran con su deber constitucional” de presentarse a los interrogatorios citados por la Fiscalía en septiembre de 2011.
Por estos hechos, las dos procesadas, quienes se encuentran en libertad, podrían pagar una pena de hasta 18 años de prisión y una multa de 200 Smmlv.
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