sábado, 17 de marzo de 2012
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, sancionó en primera instancia a cuatro servidores públicos del Consejo de Estado y a una funcionaria de la Procuraduría, entre otras conductas, por el suministro de información reservada de procesos que se encontraban en curso en estos organismos.
Entre los sancionados se encuentran el auxiliar judicial III de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Carlos Arturo Fernández Trujillo, y el escribiente de la Sección primera de la misma corporación, Edilberto Samuel Casas Rojas, quienes se destituyen e inhabilitan por 15 y 14 años respectivamente, por haber suministrado información reservada en los casos de los diputados de la Guajira y Corpoguajira. A Fernández se le sanciona además por haber incurrido objetivamente en la descripción típica del delito de concusión, en el caso de la pensión gracia de Harry Díaz.
De otra parte, se destituye e inhabilita por 13 años a la funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, Esmeralda Muñoz Collazos, por el suministro de información reservada del proceso relacionado con el gobernador de la Guajira, a cargo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa.
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