viernes, 2 de noviembre de 2012
En medio de opiniones divididas entre el Gobierno y los representantes de Asonal Judicial, en donde se solicitó declarar la ilegalidad de paro y los empleados de la justicia anunciaron que lo fortalecerían, hay varios sectores que se han visto perjudicados por el cese de actividades.
El Gobierno manifestó su preocupación por la alteración de numerosos procesos penales que pueden terminar por llevar a las calles a personas de alta peligrosidad y de vencer los términos de tutelas que se encuentran en curso.
De otro lado, Carlos Dussan, investigador de la Universidad Sergio Arboleda, explicó que por el paro “se está perjudicada cualquier área en donde el conflicto conlleve a judicialización, en este caso no hay quien atienda esos procesos”.
Asi mismo, agregó que es claro el perjuicio sufrido por los ciudadanos colombianos por la huelga de la justicia, al no poder hacer efectivos sus derechos.
Por ejemplo, el sector de la salud, uno de los más golpeados durante los últimos años por escándalos que tienen que ver con líos de corrupción, en este momento se están perjudicando todos aquellos pacientes que se encuentran a la espera de una demanda que defina la prestación de un tratamiento médico o la consecución de un médicamente que no está contemplada en el POS.
De otro lado, los medios de comunicación que manejan información de edictos judiciales, han visto una disminución considerable en sus avisos. Se estima una reducción de aproximadamente 40% en semana y los fines de semana cerca de 33%.
Ante las preocupaciones que ha manifestado el Gobierno, entre ellas la Contralora General, Sandra Morelli, solicitó a través del Ministerio del Trabajo como autoridad competente que se declare ilegal el paro.
La demanda fue llevada a los tribunales de las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, pero no fueron recibidas. Por tal razón, el Gobierno Nacional radicó el documento en mención ante la Procuraduría delegada para Asuntos Judiciales, en la ciudad de Cartagena. También se envió copia a la Procuraduría General de la Nación.
Además, la Contraloría informó que presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral.
“La Constitución Nacional, el Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000 y el artículo 125 de la Ley 1474 de 2011 otorgan competencia a la Contraloría General de la República para ejercer, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación, gestión que con ocasión del paro judicial actual se ha visto seriamente afectada, toda vez que tal situación ha generado distorsiones en cuanto a la correcta, eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público”, indicó el comunicado enviado por la entidad.
En cuanto al impacto económica que deja el cese de actividades, la Contralora explicó que cada día de salarios representa $2.700 millones, añadió que hasta el momento los costos superan $63.000 millones e incluyó $80.000 por reconocimiento de seguridad social .
En rueda de prensa, la ministra Ruth Stella Correa, aseguró le solicitará al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General que no se le cancelen los salarios a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial que estén participando del paro.
“Una cosa es el derecho al paro y otra el derecho a la remuneración, este último no se da si no se presta un servicio, además hay que tener en cuenta que estos salarios se pagan con dinero públicos”, indicó la titular de la cartera de Justicia.
Los efectos del paro se agravaron el jueves al sumarse el CTI de la Fiscalía de Medellín y la Fiscalía General en Bogotá.
Los 1.500 empleados que laboran en el búnker de la Fiscalía en la capital del país, se sumaron al paro nacional que se viene adelantando desde hace 24 días. Además, el procurador Alejandro Ordoñez, hizo un llamado a Asonal y al Gobierno para que lleguen a un acuerdo.
Según el jefe del Ministerio Público las “consecuencias del paro judicial son cuantiosas en términos de vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la administración de justicia, demora en la solución de controversias y, como tercer efecto, perjuicios fiscales y presupuestales para la Nación”.
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