miércoles, 28 de marzo de 2012
Hondas son las preocupaciones de los gobernantes y congresistas de las regiones petroleras y mineras del país, con los cambios efectuados al régimen de regalías, en relación con el monto de dinero que se recibirá, el número de instancias y la rapidez con la cual se van a girar los recursos.
El Gobierno ha señalado que no debe haber preocupación en relación con los montos a girar, dado que habrá suficientes ingresos para repartir, beneficiando en forma equitativa a todos.
Sin embargo, haciendo una revisión cuidadosa del Decreto 4923 del 26 de diciembre de 2011, se encuentran razones para las preocupaciones existentes en el país. El nuevo 'Sistema General de Regalías' es un complejo listado de mecanismos e instancias para que, según se describe en la norma, se logren priorizar y financiar las iniciativas y proyectos de las entidades territoriales, que tengan la pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto que el país requiere. Todo lo anterior, suena lógico y es responsable con el país, pero surgen entonces las dudas sobre la forma como se le pone a funcionar.
Parte el sistema de la creación de varios fondos para administrar los recursos y de la necesidad de agotar múltiples instancias de aprobación, muchas de ellas colectivas, donde además jugarán papel importante unos comités consultivos, lo que hace pensar que el proceso será largo y dispendioso. Adicionalmente, por parte de los interesados, deben surtirse varios pasos que se iniciarán con los estudios para la pre-factibilidad hasta lograr la aprobación del proyecto y luego la aceptación de su financiación.
Sumado a lo anterior tenemos que el proceso de selección de los integrantes de las distintas instancias a las cuales se deben someter los proyectos en sus etapas de formulación, aún está en proceso de reglamentarse. Así mismo que el período de algunos de esos integrantes, será de tan solo un año, lo que podría incidir en los plazos, para la toma de la decisión final de aprobación. De no lograrse evacuar todos los pasos en un año, habrá que interactuar con personas recién llegadas al sistema, con las consecuencias lógicas sobre los tiempos estimados para una respuesta.
Además del número de instancias y de personas intervinientes en el proceso, se dispone igualmente controles externos por parte de los organismos competentes, tanto para las entidades territoriales como para las empresas del sector. Vemos así como la DIAN y la Contraloría podrán adelantar investigaciones y procesos fiscales, que partirán de las informaciones que les suministre, en principio, el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías, pero que puede extenderse a la obtención de mayor información proveniente de las empresas mineras y petroleras a través de la autoridades competentes, para enviarla a estos organismos de control.
Por ello, y habiendo transcurrido casi un trimestre sin una luz al final del camino, resulta entendible que las autoridades en las entidades territoriales denuncian que no hay recursos para financiar la educación y la alimentación de los niños, y que los programas sociales están estancados. Todos confiamos en que lo óptimo no sea enemigo de lo bueno, y que en la expedición de la nueva ley de regalías por parte del Congreso de la República, se tengan en cuenta los tropiezos que ya se notan desde la expedición del Decreto 4923 de 2011, que ha servido de norma de transición para el sistema.
Es bueno que haya controles y evaluaciones, pero también lo es que los procesos sean expeditos y que se tengan en cuenta las limitaciones técnicas y presupuestales que sufren las entidades territoriales para formular los proyectos, de manera que la financiación esté a su alcance. Por ello, hay que avanzar a toda prisa con la emisión de las directrices, procesos, lineamientos, metodologías y criterios a que hace referencia la normativa para hacer ante todo 'operativo' el sistema. No nos basta con ejercicios notables de tecnocracia, mientras el dinero permanece congelado en las cuentas bancarias a la espera de ser invertidos. Esta es un clamor tanto de las comunidades en las regiones, como del sector minero-energético que contribuye a la generación de esos recursos.
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