• Natalia Arteaga

lunes, 25 de agosto de 2014

El proyecto de ley que presentaría Juan Fernando Cristo al legislativo para equilibrar los poderes en el país, no ha visto la luz y ya le empezaron a llover críticas al punto que pretende desaparecer al Consejo Superior de la Judicatura.

Expertos aseguran que la forma en como se suplirían las funciones del Consejo que tuvo un presupuesto el año pasado de $166.000 millones, no fueron concebidas de la mejor manera y creen, además, que habrían errores de ‘peso’ que no contribuirían con el objetivo inicial de la reforma que es regular el sistema de pesos y contrapesos.

Actualmente, se compone de dos salas: Administrativa y Disciplinaria. La primera está encargada de manejar los recursos que se le giran a la rama judicial, entre sus funciones, por ejemplo, está la de enviar dinero a todos los juzgados para resolver sus necesidades y la segunda, se encargan de investigar y sancionar a los jueces que comenten faltas disciplinarias. También resuelven conflictos de competencia.

¿Quién quedaría al frente de estas funciones? Según señala el documento, para los temas administrativos, se crearía una Sala de Gobierno, compuesta por los presidentes de las Altas Cortes, el Fiscal General de la Nación, jueces y abogados.

Frente a lo anterior, Carlos Andrés Echeverry, docente de ciencias políticas de la Universidad Javeriana, dice que de entrada no se está concibiendo una figura fuerte en economía y se deja, por el contrario, como protagonistas a los magistrados de las otras tres Cortes que “deben ocuparse de administrar justicia y no temas presupuestales. “El tema me parece delicado y creería que va a empezar a haber inconvenientes importantes en este punto porque en el caso de los magistrados, se les estaría restando de su función principal que está enfocada en la justicia”. En cuanto al papel de la Fiscalía, dice Echeverry que no le queda claro el rol que jugaría el fiscal en la Sala, ya que la entidad dirigida por Eduardo Montealegre tiene presupuesto propio, estipulado en la Ley 270 de 1996”.

Para Luis Frediur Tovar, constitucionalista de la Javeriana,afirma que la Sala Administrativa debería reemplazarse por un “Súper Administrador, una persona vinculada al Ministerio de Justicia que tenga funciones claras y concretas”.

Además de hacer la recomendación, Tovar asegura que el ‘grueso’ del problema en el Consejo Superior de la Judicatura siempre ha estado en la Sala Disciplinaria que está compuesta por siete magistrados escogidos por el Congreso en pleno de una terna nominada por el gobierno y esto, dice el experto, se utilizó como mecanismo para pagar favores políticos.

“La Sala disciplinaria se convirtió en el equipo jurídico de Álvaro Uribe Vélez, en la pasada administración. Se ha vuelto un foco de corrupción que debe terminar. Los problemas del Consejo empezaron desde su concepción en la Constitución de 1991 y eso muchos constituyentes lo aceptan”. Frente a esto, Antonio Navarro Wolff, uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente y actual senador de la República por la Alianza Verde, asegura que el problema no estuvo en la concepción, sino en la ejecución y en la elección de los magistrados para la Sala Disciplinaria. “La calidad de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura es muy inferior a la de las otras Cortes. Efectivamente hay cosas que hay que corregir”. La corrección, se daría, si llegara a pasar el proyecto, trasladando los asuntos disciplinarios a la Procuraduría General de la Nación y esto pone a ‘temblar’ a más de uno.

Dice Echeverry, que así se le otorgaría más poder al procurador que ha influido de manera transcendental con las decisiones disciplinarias en la rama ejecutiva. “Veo el panorama muy complicado porque va a extender su capacidad hacía la rama judicial y esto en vez de equilibrar poderes los va a agudizar. Considero que debería organizarse un órgano independiente, que conserve dos jurisdicciones: una para la rama judicial y la otra para servidores públicos como ha venido funcionando”.

Aunque todo hace parte de un proyecto aún, Horario Serpa, senador de la República por el Partido Liberal, confirmó que hay una comisión especial estudiando la propuesta. También validó que ahí se contemplan las nuevas tareas que asumiría la Procuraduría.

El proyecto de ley también contempla: extender el periodo de los magistrados de las Altas Cortes de ocho a 10 años, la silla vacía por casos de corrupción, que las elecciones al Congreso sean mediante listas cerradas y que la reelección que reglamentó Uribe Vélez en 2004, quede abolida, para darle paso a la ampliación del periodo presidencial, que deberá ser igual al de los congresistas, contralores, auditores y otros.

La Opinión

Antonio Navarro Wolff
Senador de la República por la Alianza Verde
“La calidad de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura es muy inferior a la de las otras Cortes. Efectivamente hay cosas que hay que corregir, pero no creo que el error haya estado en la concepción de la Corte como tal, sino en la ejecución”.

Carlos Andrés Echeverry
Docente de derecho constitucional de la Javeriana
“No veo con buenos ojos que los procesos que maneja actualmente la Sala Disciplinaria pasen a manos de la Procuraduría General de la Nación, porque eso sería otorgarle más poder al procurador, que tendría injerencia en la rama judicial”.