lunes, 25 de enero de 2016
En Colombia, el acoso laboral es penalizado por la Ley 1010 de 2006; y la persona culpable debe pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos vigentes, que representan $6,8 millones.
En casos como este, el Defensor del Pueblo por ser un servidor público es investigado por la Procuraduría General de la Nación, por ahora de manera preliminar: por supuestos malos tratos de Otálora hacia su exsecretaria privada.
Tras analizar las pruebas (documentales y testimoniales) el Ministerio Público podrá determinar si abre una investigación formal.
Según Carlos Javier Alzate, abogado experto en derecho laboral, de hallarse culpable, el Defensor del Pueblo será inhabilitado para ejercer cargos públicos. “El tiempo de inhabilidad dependerá de lo encontrado, la decisión es muy subjetiva, por eso, lo pueden inhabilitar por un tiempo o de por vida”, manifestó Alzate.
En la Ley 1010 de 2006 se plasman seis tipos de acoso laboral: los cuales van desde el maltrato, la persecución, la discriminación, y la inequidad; hasta el entorpecimiento y desprotección laboral. Sumado al veto de ejercer cargos públicos (de encontrarse culpable); Otálora responderá ante la Fiscalía General de la Nación tras una denuncia de acoso sexual interpuesta por Cristancho. En el país, el acoso sexual, es una acción tipificada como penal, y es regida por el artículo 210 A de la Ley 1257 de 2008. La ley establece de 1 a 3 años “para quien acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente”. Según la entidad hay más de 1.700 investigaciones por acoso sexual en el país y de acuerdo con un estudio del Ministerio de Trabajo, 82% de las personas que han sufrido de acoso sexual ha sido por solicitudes o presiones de actos no consentidos.
El escándalo no solo afecta a Otálora; sino también a la Defensoría del Pueblo, la institución como tal, si es culpable podría pagar hasta 5.000 salarios mínimos. Enrique Borda Villegas, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, expresó que el Ministerio Público está realizando una investigación administrativa para definir si la Defensoría del Pueblo cayó en prácticas de acoso laboral por parte de sus funcionarios. De ser así, tendrá que responder”, concluyó.
Antecedentes:
Según la última Encuesta de Percepción de Acoso sexual en el trabajo realizada por Ministerio de Trabajo las principales conductas que constituyen acoso sexual en el trabajo : solicitudes o presión para tener sexo o actos sexuales no consentidos o no aceptados (82%); Intento u ocurrencia de acto sexual (79%); Correos electrónicos, mensajes de texto vía celular (72%); entre otras.
La opinión:
Enrique Borda Villegas
Viceministro relaciones laborales e inspección
“El Ministerio de Trabajo realiza una investigación administrativa para definir si la Defensoría cayó en prácticas de acoso laboral por parte de sus funcionarios. De ser así, podría pagar hasta 5.000 salarios”.
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