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martes, 10 de abril de 2012

La Procuraduría General de la Nación requirió al director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego Andrés Molano, para que de manera urgente se adopten medidas tendientes a remediar la grave situación de los programas de alimentación que deben beneficiar a menores de edad en extrema pobreza y a adultos mayores de estrato 1.

Ante el argumento del Icbf según el cual las demoras en los procesos de contratación para los programas obedecen a causas externas, el Ministerio Público señaló que el Estado debe velar, a través de este Instituto, porque los derechos de los beneficiarios de los programas de atención alimentaria no sean vulnerados.

En su requerimiento, la Procuraduría destacó que el no cubrir las necesidades alimentarias puede desmejorar el desempeño académico de los menores de edad y atentar contra sus hábitos alimentarios saludables, asimismo, que los adultos mayores beneficiarios de los programas del ICBF podrían verse avocados a problemas de salud.

Este Organismo de Control recordó que el director del ICBF está obligado a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a proteger los derechos de terceros que puedan verse afectados por la ejecución de los contratos. La procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda solicitó que dentro de los cinco días siguientes al recibo del requerimiento, se informe qué acciones se desarrollarán y qué alternativas de solución se han implementado en relación con el tema.

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, remitió el tema a la instancia respectiva para que se evalúe si existe o no responsabilidad disciplinaria frente a estos hechos.
 

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