martes, 27 de junio de 2017
La medida se pedirá en casos de corrupción en donde la justicia haya probado los hechos de corrupción, y anunció que la primera petición ya hecha tiene relación con los servidores públicos de Ibagué, que cometieron actos de corrupción en la celebración de contratos relacionados con el proyecto de los XX Juegos Nacionales y IV Para Nacionales.
En ese sentido, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar los trámites de extinción de dominio en contra de la sociedad Técnica y Proyectos S.A. (Typsa).
La entidad señaló que en las sentencias quedó comprobado que los representantes de esa firma española pagaron sumas de dinero a servidores públicos de la administración de Ibagué para obtener la adjudicación de un contrato.
Para el Ministerio Público todos los contratistas o interesados en contratar con el Estado tienen el deber constitucional y legal el obrar de buena fe, con toda lealtad y probidad, en cada una de sus actuaciones.
“El incurrir en conductas como las descritas no solo acarrea la imposición de sanciones penales y administrativas, sino también de carácter patrimonial como la extinción del dominio de sus bienes”, señaló la entidad.
El Ministerio Público vigilará la conducta de los particulares en la contratación estatal, e intervendrá con toda decisión cuando se configuren conductas que la lesionen.
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