martes, 22 de julio de 2014
Ayer en la tarde la Procuraduría General de la Nación se pronunció frente al tema de la actuación administrativa que adelanta la Antv sobre la garantía de la recepción de señales de televisión abierta en los sistemas de televisión por suscripción, identificando aspectos fundamentales, que fueron en su momento analizados por la Corte Constitucional, como por ejemplo, aclarar que la finalidad del ‘Must Carry’ es la de garantizar el derecho al pluralismo informativo que le asiste a los usuarios.
Dice el comunicado enviado por la entidad dirigida por Alejandro Ordóñez, que “la interpretación y alcance de la obligación de ‘Must Carry’ ha sido pacífica y uniforme durante años y por tanto, la discusión sobre el particular ya fue resuelta en los términos descritos por la Corte Constitucional, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión Nacional de Televisión, lo que debería ser considerado por la Antv”.
Dicho derecho al pluralismo busca garantizar el acceso de los suscriptores de televisión cerrada a los canales de televisión abierta a través de un mismo sistema, para que los clientes tengan la opción de acceder a canales nacionales e internacionales sin mayor dificultad.
El comunicado también señala que la Alta Corte interpretó la obligación de garantizar el derecho al pluralismo informativo, sin distinguir entre recepción y transmisión de la señal y por tanto el máximo tribunal entiende que los operadores de televisión por suscripción deben garantizar la recepción de los canales de televisión abierta por el mismo sistema y de manera gratuita e ininterrumpida.
Debe aclararse que si la Antv se acoge las recomendaciones de la Procuraduría, esta debería ordenar a los concesionarios, es decir, a Caracol TV y RCN TV, la reactivación inmediata de la señal abierta de alta definición, la no afectación de la señal análoga y el no cobro por la transmisión de las señales abiertas a través de la televisión por suscripción.
Las medidas de la Superindustria
La SIC viene poniendo en cintura a este mercado de los cableoperadores. Con un presupuesto de $120.000 millones en este 2014, la entidad emprendió una cacería contra todos los agentes que incurran en violaciones de la ley.
Solo en el primer semestre ha impuesto multas que ascienden a los $125.000 millones.
El cumplimiento de las normas, la protección al consumidor, la publicidad sin engaños y la libre competencia, son los puntos que trasnochan al superintendente Pablo Felipe Robledo, cabeza de la entidad.
La mayoría de decisiones de la SIC han logrado aplausos del grueso de la población. Sin embargo, hubo una determinación que generó revuelo en contra: la orden a los cableoperadores de televisión de abstenerse de retransmitir las señales de alta definición y análoga de los canales Caracol y RCN sin autorización.
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