lunes, 9 de octubre de 2017
El ente de control propone una tabla de indemnización
La última batalla de la Procuraduría General de la Nación está centrada en la indemnización de funcionarios retirados de forma injustificada. Por eso, según anunció hoy, la entidad solicitó al Consejo de Estado considerar la posibilidad de establecer unas tablas de indemnización que definan los montos a pagar en casos comprobados de retiros injustificados de servidores nombrados en provisionalidad, que según la Procuraduría dan lugar a un resarcimiento por parte del Estado.
"La idea de fijar dichos valores es acudir a una tasación más justa que permita reparar integralmente el daño que se le puede causar a un trabajador al ser despedido de manera ilegal, situación que hizo manifiesta una ciudadana en Santander, quien presentó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia", explicó el ente de control en comunicado.
Además, propuso tomar elementos de las posturas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respecto a este tema, y que sea la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo la que “revalúe su sentido respecto a la forma de tasar el daño, con el fin de que si lo considera conveniente y procedente aplique la metodología propia del derecho privado”.
Para la institución no existe una previsión legal expresa acerca de la manera de resarcir el perjuicio causado por cuenta de una desvinculación ilegal, lo que hace factible acudir a otras formas de reparación dispuestas en el ordenamiento jurídico. El Ministerio Público solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado anular el numeral tercero de una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó descontar unas sumas recibidas como salarios y prestaciones a la ciudadana que interpuso el recurso y reclamó ser indemnizada por el Estado y, en lugar de ello, repararla por el daño antijurídico causado por su retiro injustificado.
Sin embargo, aclaró el comunicado, será el Consejo de Estado el que determine la viabilidad de la propuesta formulada y decida si resulta factible la propuesta de la entidad, que busca satisfacer los intereses de los afectados en equilibrio con los recursos del Tesoro Público.
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