domingo, 21 de octubre de 2012
En los últimos días, los nombres de Emilio Tapia, Álvaro Dávila y Juan Manuel Dávila, han protagonizado dos de los casos penales más importantes del país en años recientes con dos asuntos en común: que están involucrados en desfalcos multimillonarios al Estado y que han buscando negociar con la Fiscalía sus posibles condenas a cambio de contar lo que saben.
Por un lado se encuentra Juan Manuel Dávila, investigado por solicitar y recibir irregularmente los subsidios que entregaba el Ministerio de Agricultura con su programa Agro Ingreso Seguro, quien recibió una rebaja del 50% de la pena luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía. Éste terminó por otorgarle una suspensión condicional de la misma.
Por el otro, está el empresario Emilio Tapia, quien el pasado viernes no logró establecer un arreglo frente al preacuerdo que el ente investigador le ofreció al polémico contratista. En él se establecería que este deberá pagar una condena de 13 años de detención domiciliaria a cambio de brindar información en todos los procesos que se adelantan por el llamado ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá.
Estos y muchos más preacuerdos que ha establecido la Fiscalía con distintos procesados por diversos casos, han abierto el debate sobre qué tan conveniente puede llegar a ser para la justicia colombiana establecer un pacto que le otorga beneficios a quienes colaboran con la misma. Algunos considera que son positivos y otros que pueden fomentar la impunidad.
Es importante mencionar que esta opción, que puede ser o no presentada por el juez en un caso determinado, trabaja y funciona con base en las negociaciones y declaraciones de culpabilidad por parte de los imputados, en las cuales lo importante es ponerle fin a las actuaciones ilícitas.
Para Fernando Aza, profesor de derecho penal del Politécnico Grancolombiano, estos procesos son bastantes positivos porque terminan beneficiando a ambas partes, puesto que los imputados obtienen grandes beneficios como las rebajas de penas, y además no habrá un descaste en el aparato juridiccional y de igual manera la Fiscalía lograría su cometido que es que un juez condene a esas personas que actuaron ilícitamente.
El experto afirmó, además, que muchas personas tienen una estigmatización errada de los preacuerdos porque estos no están hechos para que la gente delinca y después pida una rebaja en su pena, ya que quien comete un delito no está pensando en hacerlo para luego llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Además, aclaró, es facultad única del fiscal negociar o no.
Pero el penalista, Fernando Bernate, señaló que “estos preacuerdos en un principio buscaban una justicia pronta y eficaz, pero actualmente se está viendo una impunidad absoluta”.
Según Bernate, estas prácticas no se han gestionado de manera correcta porque los imputados siempre sacan beneficios, no pagan ninguna condena y son premiados con la libertad.
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