lunes, 27 de agosto de 2012
La Contraloría General de la República, solicitó a la Procuraduría que investigue a funcionarios dle Ministerio de Agricultura por falsa información sobre el otorgamiento de tierras sobre la ley de Víctimas.
Según la Contraloría “el seguimiento de la Ley de víctimas, Ley 1448 del 2011, es una labor emprendida con suma responsabilidad por la Contraloría General se la República. La obtención de las cifras ha sido una tarea dispendiosa toda vez que desde el Ministerio de Agricultura se suministran informaciones imprecisas que, incluso, han inducido en error al señor Presidente de la República al hacerle presentar entrega de predios como reparación, dentro del marco de esta Ley”.
Además en un comunicado anunció que lo uno y lo otro son decisiones legitimas de un estado social y la Contraloría General de la República ha sido particularmente diligente de cara a que se logre la oportuna implementación y ejecución de la política estatal frente a las víctimas.
“Las cifras suministradas son producto de una verificación “in sitú” y de las certificaciones de la propia Unidad de Tierras, por lo que la Contraloría se ratifica en lo informado y le da traslado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue si los datos por ellos certificados a fecha 17 de agosto son falsos”.
Así mismo, la contralora , Sandra Morelli Rico, advirtió al Gobierno por los riesgos de daño ambiental que se ciernen sobre los páramos del país por la ejecución de proyectos, obras y actividades de explotación y exploración minera, labores agropecuarias, de explotación maderera e incluso de construcción.
Consideró que se podrían estar presentando actividades de exploración minera en zonas prohibidas para ello y “es menester que las autoridades ambientales protejan las áreas de su jurisdicción de actividades que, de acuerdo con estudios ambientales de las propias empresas mineras y prestigiosos académicos, “pueden generar daños ambientales sobre la calidad del agua, el paisaje y los ecosistemas paramunos”.
Se trata de una advertencia que hace la entidad de vigilancia y control en la que se evidencia la afectación de los páramos por la ejecución de obras, proyectos y actividades de diverso tipo en todo el territorio.
Se estableció que se puede poner en riesgo a Bogotá, los páramos de Chingaza y Sumapaz, en Medellín; el páramo de Belmira, en Bucaramanga y Cúcuta; el páramo de Santurbán, en Tunja; el páramo de Rabanal, Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales; páramos del Parque de los Nevados, Popayán; páramo de Puracé y ciudades que suman una población total superior a 13 millones de habitantes (es decir, el 40% del país).
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