jueves, 26 de julio de 2012
El Tribunal Andino de Justicia decidió abrir pliego de cargos contra el Estado colombiano.
El caso se basa en un incumplimiento de su fallo, que ordenó anular los laudos arbitrales que afectaron a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, (ETB), en su pleito jurídico con la multinacional Comcel.
La decisión hace parte del proceso que ya había abierto el Tribunal por la falta de resolución y demora injustificada por parte de la justicia colombiana, en acoger la decisión. El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que esta decisión del Tribunal Andino había sido advertida por la Administración y afirmó que 'la empresa Comcel se llevó cerca de $250.000 millones, que el Tribunal Andino calificó de ilícito, o por lo menos, de ruptura de las reglas de la Comunidad Andina. Esa plata la debe devolver a ETB, precisamente, para financiar las redes que van a permitir el teletrabajo'.
El mandatario fue enfático al afirmar que 'el proceso puede llevar a drásticas sanciones al Estado colombiano' al tiempo que solicitó a la empresa Comcel, ahora
Claro, 'que devuelva los dineros que son propiedad de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá'.
De lo contrario, los cerca de $200.000 millones que Comcel debe reembolsar a ETB, si no se anulan los laudos, provendrían de los impuestos de los bogotanos y colombianos, dijo Gustavo Petro.
En comunicado oficial, emitido por la ETB, se destacan apartes del auto, de número 03-AL-2010, expedido en Quito:'Este auto, decide en su parte resolutiva; primero que, ?se formula a la República de Colombia el cargo de incumplimiento de la sentencia emitida por este Tribunal el 26 de agosto de 2011'.
'Segundo, afirma que, 'de conformidad con el artículo 115 del estatuto de justicia, se otorga a la República de Colombia un plazo de 40 días, contados a partir de la notificación del presente auto, para que, si lo tiene a bien, presente las explicaciones y descargos que considere pertinentes, así como para que aporte las pruebas que pretenda hacer valer'.
'Tercero, informa que 'se comunica el presente auto a los demás países miembros, a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, advirtiéndoles que disponen de un plazo igual al señalado en el decide segundo para que puedan hacer llegar al Tribunal sus opiniones y comentarios relacionados con la conducta que se investiga'.
Los tres laudos arbitrales que condenaban a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB-E.S.P, ascienden a más de $200.000 millones. Según información de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de agosto de 2011, le ordenó al Estado colombiano dejar sin efectos las sentencias que resolvieron los recursos de anulación y declarar la nulidad de los laudos arbitrales, por violar el debido proceso.
La decisión del Tribunal Andino es de obligatorio cumplimiento y se dio un plazo de 90 días para su acatamiento. No obstante ese plazo venció el 23 de diciembre de 2011.
Según información de la Alcaldía, el desacato de la sentencia además de poner a la Nación en estado de incumplimiento del derecho comunitario, supone una clara violación a los derechos patrimoniales de ETB, porque si el Estado colombiano, se rehúsa a dejar las cosas como estaban antes de la violación, ETB puede ejecutar a la Nación por los perjuicios sufridos con ocasión del incumplimiento de la sentencia de 26 de agosto de 2011 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Según los juristas expertos, este tipo de casos se presentan por la falta de legitimación de la normatividad, pues las determinaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, deben ser cumplidos a cabalidad.
Pero lo más grave, es que los ciudadanos deban hacerse cargo de este tipo de sanciones, afectando directamente las finanzas de los ciudadanos.
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