• Guillermo Cáez Gómez

lunes, 19 de noviembre de 2012

El 19 de noviembre de 2012 será recordado por Colombia como el día en que se perdió de nuevo parte del territorio, perdida que se suma a la de Panamá y el Amazonas en su momento.

Hoy el mapa cambia, los limites son otros, Colombia no es la misma de ayer y del mar de los siete colores la Corte Internacional de la Haya no dejo sin por lo menos tres de ellos.

Pero como decía Maturana perder es ganar un poco, y sí, esta afirmación le permite a Colombia no volver a darle la espalda al mar, a la población de esta región y a ejercer verdadera soberanía sobre la totalidad del territorio, la cual no solo se debe hacer con presencia militar sino real del estado, salud, educación y todos los servicios que un estado social de derecho debe garantizar a su población en ejercicio de la facultad soberana.

Es cierto que lo que perdimos para el Estado Colombiano es significativo, pero lo es aun más para la población de esta región que ha estado abandonada; las consecuencias de la decisión son el castigo al olvido de un estado social de derecho, a una estrategia jurídica que se concentró en las excepciones previas y no en desvirtuar con rigurosidad metodológica y sindéresis en el argumento las pretensiones que probaron ser adversas.

Pero no es una sentencia que nos deba sorprender, lo sorprendente es como se manejo el caso, en ningún momento se hizo parte a representantes de la población que iba a verse afectada, no se integro un equipo multidisciplinario que acercara a la academia del país, a la población civil y como siempre todo se manejó en un almuerzo a puerta cerrada, por lo que mientras el equipo asesor de Colombia jugaba tute, el de Nicaragua jugó póker.

Es importante aclarar que no ganamos nada, los siete cayos del archipiélago de San Andrés siempre han sido de Colombia, la perdida sensible es una de las áreas con mayor proyección en biodiversidad, recursos minerales y de sostenibilidad de los habitantes de este departamento; por lo que no deben ser admisibles declaraciones que tiendan a mermar los efectos reales del fallo, que a pesar de ser ambiguo también es muestra clara que la salida salomónica anticipada por nuestra canciller era un resultado esperado.

No cabe duda que el costo político lo pagará el Gobierno del Presidente Santos, pero no debemos olvidar que debe ser una responsabilidad compartida por ser un pleito que se remonta a once años atrás, que nos debe llevar a reflexionar sobre el actuar soberano en las regiones, lo que implica esta facultad y sus verdaderos alcances, este olvido no se borra con desfiles militares y mucho menos con declaraciones de dientes para afuera.

Bajo la premisa que titula esta columna, debemos tomar esta perdida como una ganancia a futuro, no llover sobre mojado, sin que ello signifique que no deban existir consecuencias políticas; debemos es aventurarnos hacer un cambio radical en la forma de ejercer la política pública, mientras acá nos matamos unos con otros, nos metieron la mano en el bolsillo y nos sacaron lo que con una adecuada estrategia podría haber sido un triunfo para el país.