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  • Andrea del Pilar Mancera

lunes, 29 de abril de 2013

Con tres hijos, y su esposa Claudia, el abogado javeriano Néstor Humberto Martínez, conforma un núcleo familiar enfocado al derecho y a la economía. Su firma, Martínez Neira Abogados, es considerada en la actualidad como una de las empresas mejor consolidadas en materia comercial y de negocios.

Para Martínez, el hecho de que sus socios sean sus hijos, se constituye en una experiencia especial que hace que el aspecto generacional los permita permanecer en el mercado del derecho. Se graduó en 1976 como economista y como abogado en el año siguiente. 

Es un convencido de que los juristas deben ser multidisciplinarios para adentrarse en las necesidades de los empresarios. Para Martínez, la internacionalización de los industriales colombianos va a ser noticia este año. Sin embargo, argumenta que la nueva reforma tributaria no ha sido muy beneficiosa para los negocios y las inversiones.
 
¿Qué negocios tiene para este año?
La internacionalización de los empresarios colombianos es una realidad y uno percibe que todos los días se buscan nuevas oportunidades. En ese frente de seguro habrá muchas noticias antes de finalizar el año. Pero es reserva profesional. Sin embargo, déjeme decirle que en el ámbito de la presencia de inversionistas  extranjeros en la que uno veía que se estaba desarrollando una actividad muy grande, empieza a verse una especie de decaimiento de interés. 
 
¿Por qué dice que hay un decaimiento en las inversiones?
De un lado, porque la economía mundial se ha resentido; y del otro, porque hay que decirlo con claridad, Colombia no está consolidando un ambiente de seguridad jurídica para los negocios, y las continuas reformas tributarias constituyen un cambio de reglas de juego que no es conveniente para nadie. De hecho conozco más de tres grupos económicos que habían decidido venir a Colombia a consolidar su casa matriz y a partir de la última reforma tributaria han decidido desistir.
 
¿Cuáles son esos grupos? 
Se habla de Procter & Gamble, del grupo Pacific Rubiales y también de un grupo español muy importante. Varias compañías estaban decididas a montar sus casas matrices aquí, pero la reforma tributaria establece que serán gravados con impuestos las operaciones que se realicen en el exterior, cuando los órganos directivos funcionen en Colombia. Eso obliga a que los órganos directivos se tengan que ir o de lo contrario van a tener que pagar impuestos por sus operaciones en el exterior y eso es absolutamente inconveniente. Uno ve que allí ha empezado a decaer el ritmo de negocios que se había establecido y la tasa neta de tributación se ha aumentado. 
 
¿Qué otras inversiones se dejaron de hacer?
Muchos inversionistas extranjeros que tenían proyectos en curso el año pasado, los aplazaron hasta conocer la reforma tributaria. No doy nombres, pero muchos tenían proyectos muy importantes. Por ejemplo en la industria del acero se iba a hacer una inversión superior a los US$500 millones, por parte de uno de los grandes industriales latinoamericanos y ese negocio quedó totalmente aplazado por la reforma tributaria, por virtud del impacto fiscal. Hay otro caso de inversiones en el sector de hidrocarburos de grupos chinos que mostraron interés de venir a Colombia, también se evidenció esta circunstancia. Eso afecta lamentablemente el interés de los extranjeros. 
 
¿Es decir que no está de acuerdo con esa reforma?
Estaría de acuerdo con una reforma estructural y creo que la última reforma tributaria, si bien busca una mayor equidad fiscal, terminó generando mayores cargas impositivas para sectores de la sociedad que generan riqueza y empleo y en ese sentido no es conveniente para el país. 
 
¿Cuáles son sus planes a mediano plazo?
Estamos trabajando en un proyecto de integración regional pero no puedo dar más detalles.
 
¿Qué opina de las firmas extranjeras de abogados que están llegando a Latinoamérica?
Es muy bueno porque le pone al ejercicio profesional unos niveles de competencia mayores, de mejor claridad y profundidad. Es  una realidad que a Colombia lleguen muchas firmas europeas,canadienses, y americanas que se están estableciendo con buen suceso. El monopolio del mercado que lo teníamos unas empresas colombianas realmente ha dejado de serlo y es bueno porque el usuario se beneficia de mejores servicios, es un reto a la calidad y a la formación profesional.
 
¿Cuál es el nivel de honorarios de su firma?
Estamos en el mercado sin tener en cuenta el nivel de honorarios mediano de la industria y no participamos en concursos. Por ejemplo para asignar un trabajo, por definición profesional no competimos, no participamos en casos cuando envían ofertas.
 
¿Qué clase de clientes tienen?
Somos una firma boutique y hay una relación costo oportunidad que hace que nos dediquemos a sectores calificados y especializados.
 
¿Rechazan solicitudes?
En la práctica profesional no hay forma de que una firma preste servicios a todo el mundo y hay que irse especializando en áreas y clientes.
 
¿Cuántos casos lleva actualmente?
No podría decirle, pero solo en litigios, más de 200. Tenemos una actividad muy reconocida en materia de mercado de capitales, también en adquisiciones y fusiones de empresas. Tal vez la operación mas grande fue la compra del Banco Centroamericano-BAC que es la institución más grande de Centroamérica, cercana a US$2 billones. Participamos en la compra de Corfivalle, la adquisición de Megabanco, participamos en la compra del Banco Tequendama, del Banco Sudameris, de la Compañía de Financiamiento Comercial Giros y Finanzas, entre otras. Recientemente asesoramos al banquero en la operación de Carrefour y Cencosud, la semana pasada fuimos los abogados de Porvenir la administradora de pensiones, en la compra de la administradora de pensiones Horizonte.
 
¿A quiénes asesoran?
Trabajamos en las asesorías a varias organizaciones empresariales, como el Grupo Aval, la Organización Ardila Lulle. El ejercicio profesional nuestro es muy personalizado y nuestros clientes encuentran la atención especifica de sus socios y eso es lo que está buscando Martínez Neira, pues ahora hay otras formas de práctica profesional. Hoy las firmas globales tienen toda una estructura de servicios jurídicos en donde primero son muy especializados y segundo atienden un grupo de personas tan grande que no siempre los socios pueden con la demanda de los clientes y esta es una forma alternativa del ejercicio profesión, ha sido interesante y bien recibida.
 
¿Y en cuanto a litigios?
Llevamos procesos de gran connotación, son famosos los tres procesos arbitrales que se llevaron a cabo de Gilinsky versus Bancolombia, los procesos con relación al control de la compañía Leonisa, ganamos en representación de los accionistas que hoy son los controladores; en su  momento las reclamaciones del Grupo Familia, también de Antioquia. Más recientemente  los casos de la Cntv contra los  concesionarios de televisión donde las demandas cada una era  por $150.000 millones, y las condenas apenas ascendieron a $30.000 millones, por desequilibrio económico. Laudos que están siendo impugnados ante el Consejo de Estado. 
 
¿Y en arbitramento?
En el sector petrolero y el más conocido es el que recientemente concluyó en la Cámara de Comercio de Bogotá, entre Pacific Rubiales y Ecopetrol. Este se resolvió en la Cámara y fue presentado recurso de anulación ante el Consejo de Estado. La decisión saldría este año. En la actualidad tenemos un tema de gran interés, es el de la reclamación del Grupo Valorem del Grupo Santodomingo que yo represento, versus la compañía Avianca, también en la Cámara de Comercio de Bogotá.
 
¿Qué libro recomienda?
En derechos de sociedades la obra de Francisco Reyes es muy interesante.
 
¿Cuál es su opinión sobre el caso de corrupción en el Consejo Superior de la Judicatura?
Tengo una gran fe en que las cosas tienden a cambiar porque necesitamos una gerencia de la justicia profesional y eficiente. La malograda reforma a la justicia puso en evidencia la circunstancia y uno advierte que el Consejo está haciendo un gran esfuerzo por gerenciar adecuadamente la justicia. Ojalá conozcamos pronto el director de la rama judicial, la terna quedó integrada y hay voces que muestran que habría una persona muy calificada permitiendo que no compitan la sala administrativa y la dirección, en la ejecución del gasto judicial que es un tema que ha afectado el proceso.
 
¿Cuál es el problema de la justicia?
El tema más preocupante es la contaminación de la política y la justicia, que se deriva del ejercicio de nominaciones políticas por parte de la justicia. Es altamente inconveniente que las cortes participen en la escogencia del Contralor, Procurador, personeros, etc, porque eso hace que la justicia quede expuesta a los intereses de la política. En las regiones es más evidente.
 
¿El proyecto carcelario es bueno?
Lo que necesitamos es una política criminal, me parece insuficiente formular una política penitenciaria. Lo que el proyecto traduce es una crisis en la política penitenciaria derivada de la alta criminalidad. Se formula un deshacinamiento y no estoy seguro de que eso sea lo que necesita la sociedad colombiana. En la teoría económica del delito se formula desde el punto de vista sociológico que es necesario que la pena sea disuasiva, si las penas no lo son sino van a ser alternativas, va a seguir siendo rentable delinquir en Colombia.
 
¿La fianza serviría para mitigar el problema?
Es una opción sobre penas alternativas, pero que frente a cierta tipología de delitos en un país de alta criminalidad son inconvenientes.
 
¿Cómo califica al sistema judicial?
Es una justicia con una pesada carga del pasado que se está desacumulando desde hace dos años. La justicia produce más de lo que le entra al año, entonces finalmente somos más productivos pero como el volumen de lo atrasado es tan alto, no se ha podido poner al día. Hoy es de mejor calidad pero queda mucho pro hacer.
 
Para usted, ¿cómo ha manejado Santos el tema?
Ha sido muy útil que Santos nos hubiese puesto a reflexionar sobre los temas de la justicia. Así la reforma hubiere sido malograda, nunca antes la sociedad se había puesto a pensar en este servicio. Cuando yo era Ministro de Justicia en el 94, se hizo en el ámbito de la nueva Constitución, el primer Plan de Desarrollo y el único capítulo sobre el que no opinó la sociedad civil fue la justicia.  A partir de los debates en el gobierno Santos, el tema es hoy un tema de primera importancia.
 
¿Qué opina de la propuesta de aumentar el periodo presidencial?
El cambio de reglas de juego es parte de los que nos afecta y en democracia es más sensible.
 
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