miércoles, 14 de agosto de 2013
El anuncio que hizo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de abrir concesiones para que se busquen yacimientos de petróleo y gas en el territorio marítimo que le concedió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, confirma que más temprano que tarde, el país centroamericano comenzaría a sacar provecho del fallo.
Ortega dio a conocer esta medida durante el discurso que dio durante el aniversario 33 de la Fuerza Naval de su país. “Hemos asignado bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo y de gas en los territorios ya definidos por la Corte”.
La polémica se centra además en que presuntamente Repsol haría sus exploraciones en la zona que, desde el 2000, es protegida como Reserva de la Biósfera Seaflower por el pacto que hizo Colombia y la Unesco. Al respecto, el mandatario nicaragüense sostuvo que su país ha respetado el resguardo natural, contrario a su opositor.
Se trata entonces de una decisión que para expertos internacionalistas era de esperarse y puede dilatar las relaciones entre ambos países. Y para dirigentes gremiales de San Andrés, de una noticia en la que simplemente cambia uno de los actores principales, puesto que, como aseguró Ortega, el Estado colombiano intentó lo mismo en 2010 con esa firma energética.
Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, explica que Nicaragua no está impedida para aprobar exploraciones, debido a que el acuerdo de protección ambiental es entre Colombia y la Unesco, y como tal es nuestro país el que debe cumplirlo.
“Lo que sí puede y debe hacer Colombia es presionar a la Unesco para que Nicaragua siga protegiendo la zona. Uno de los argumentos para ello es cualquier exploración y explotación debe hacerse en un margen prudencial, pues no sólo afectaría aguas que sí son colombianas, sino también a su población en general”, dijo Abello.
Alaín Manjarrés Flores, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Andrés, se pronunció en el mismo sentido que Abello, pues considera que el gobierno de Daniel Ortega está “haciendo uso real de las aguas que le otorgó el fallo, y quiere explotarla porque es su zona”, pero advirtió que las explotaciones comerciales de petróleo y gas afectarían sin duda la producción de peces no sólo del lado de Nicaragua, sino también de Colombia.
“Ya no sería lo mismo. Por eso es que en 2010, cuando Colombia intentó adjudicar una concesión parecida, pescadores y la mayoría de dirigentes de San Andrés hicieron una manifestación en contra, y para proteger la biósfera, el trabajo de los pocos pescadores de la isla y los mismos recursos alimenticios para los pobladores”, recordó el directivo gremial.
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