martes, 20 de noviembre de 2012
La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal a 13 magistrados y ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales tendrán que responder por un presunto daño al patrimonio público en cuantía de $3.421 millones.
Se trata de Julia Emma Garzón, Henry Villaraga Oliveros, Martha Patricia Zea Ramos y Temístocles Ortega Narváez y a los magistrados auxiliares Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez, Constanza Margarita Navia de Ayala, Álvaro Rojas Mallorquín, Jaime Roberto Arteaga Caiza, Jesús Herrera Cortés, Jorge Iván Bravo Vélez, Margoth Castellanos Carrillo y Petrona Perafán Ordoñez.
Los hechos materia de este proceso de responsabilidad fiscal se sintetizan en que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de su función nominadora, han designado de forma reiterada e irregular por periodos muy breves de tiempo, entre uno y once meses, para desempeñar el cargo de Magistrado Auxiliar a personas con estatus reconocido de pensión.
Esto con el lleno de los requisitos y el reconocimiento del derecho en trámite, o con los requisitos de edad y tiempo pendientes de solicitar dicho reconocimiento, lo cual incidió de forma directa en el reconocimiento, reliquidación y pago de pensiones en exceso de las proporciones correspondientes a los tiempos de servicio y aportes efectivamente cumplidos por los beneficiarios de las mesadas pensionales, en perjuicio de los recursos públicos y de la sostenibilidad y estabilidad del Sistema General de Pensiones.
Igualmente, la Contraloría ordenó cesar la acción fiscal y archivar el proceso de responsabilidad que se venía adelantando en contra de los Magistrados José Ovidio Claros Polanco, María Mercedes López Mora, Carlos Arturo Ramírez Vasquez, Luz Elena Rodríguez Hurtado y Jorge Antonio Castillo Rugeles y los Magistrados Auxiliares Luis Evelio Hoyos Zapata, José Felipe Vidal Alzate, José Martín Hernández Maldonado, María Consuelo Concha García y Martha Isabel González de Toloza.
En la parte resolutiva del Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal se establece que…Conforme las consideraciones precedentes, el Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción (Ad-hoc) de la Contraloría, Carlos Eduardo Umaña, resolvió imputar responsabilidad fiscal por el daño acaecido a los intereses económicos de la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Seguro Social; Cajanal en Liquidación; Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional -Fopep a los mencionados anteriormente.
Este caso se está analizando desde comienzos del año cuando se hizo la denuncia.
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