• Alejandro Arias

jueves, 22 de marzo de 2012

El departamento del Magdalena tiene una crisis educativa estructural que fluye en un círculo vicioso que pareciera seguir realimentándose al infinito.

Y aunque no es un descubrimiento esto. Sí constituye un punto de partida concluir que las posibilidades de mejorar todos los aspectos educativos del departamento resultarán inviables si no se interviene y renegocia, con el Gobierno Nacional, su actual estructura de financiación.

Desde hace por lo menos 12 años en el presupuesto del departamento no se reporta la asignación de un solo peso proveniente de recursos propios para ser invertidos en educación; ello como consecuencia de estar, el departamento, sometido a ley 550.

Para esta vigencia del 2012 las transferencias para educación provenientes del SGP son de $ 260 mil millones de los cuales se invertirán el 95% para el pago de salarios y prestaciones sociales de los maestros. Con el agravante de que esta suma es $ 9 mil millones menor que la recibida en la vigencia de 2011 gracias a la incompetencia del General Bonett en la gestión de cobertura registrada en su año de gobierno.

A través de la prensa se afirmó que hoy hay 13 mil niños menos en el Sistema Educativo cifra que no es cierta. Realmente la cantidad de niños por fuera del Sistema supera los 70 mil en comparación con la cobertura de matrícula alcanzada en el 2010.

De suerte que si este panorama financiero se mantiene, aun sumando las transferencias de Ley 21 para infraestructura física educativa, se puede afirmar categóricamente que en los próximos cuatro años la calidad educativa de los magdalenenses estará peor que hoy.

Ahora, para hacer esta afirmación estoy considerando los recursos provenientes de la gratuidad educativa que se le girará a los rectores de las 151 instituciones educativas del departamento así como los recursos transferidos del SGP para la educación de los 28 municipios no certificados a cargo del gobierno departamental.

Aun considerando todas estas fuentes de financiación, previstas para el sector educativo, resulta inevitable reconocer que el Departamento estará imposibilitado para asignar recursos para cosa distinta al pago de maestros y si acaso para uno que otro paño tibio. Escenario éste que aplica bajo la hipótesis de corrupción cero. Es decir, aun con cero pérdidas el pronóstico es idéntico. Lo que implica también reconocer que la corrupción no es una causa de la crisis sino un agravante de ella.

La pregunta obligada es ¿con qué recursos se van a acometer los cambios estructurales; si por ejemplo, la casi totalidad de la infraestructura educativa está en ruinas, el mobiliario es escaso y la tecnología es inexistente? ¿de dónde sacará el Gobernador y su Secretario de Educación recursos para ofrecer un ambiente escolar decente si sólo este aspecto costaría decena de miles de millones de pesos que comparados con los de las transferencias de Ley 21 resultan ser estos risibles?.

Y ni qué hablar de la desfinanciación de los costos para modernizar los currículos y planes de estudio de forma congruente con las necesidades de cualificación docente. Talento humano, que dicho sea de paso, en un gran porcentaje está compuesto por maestros sin formación profesional o por docentes que dictan sus clases sin pertinencia con sus perfiles de formación.

El asunto es que hasta aquí pareciera ser que el factor decisivo en la crisis de la educación en el Magdalena es su actual estructura de financiación....