• Colprensa

martes, 3 de octubre de 2017

El preacuerdo señala que el exgobernador acepta el delito de concierto para delinquir simple, con esa pena de prisión.

En la novela por la imputación de cargos al exgobernador Alejandro Lyons y su proceso de colaboración con la Fiscalía por el robo de las regalías del departamento de Córdoba, finalmente se destaparon las cartas. Lyons firmó un preacuerdo con la Fiscalía que le significará pagar solamente una pena de cinco años y dos meses de prisión.

El preacuerdo señala que Lyons acepta el delito de concierto para delinquir simple, con esa pena de prisión. Además, se firmó un principio de oportunidad de colaboración con la justicia por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en cuantía de $8.950 millones.

Este principio significa que se suspenden los procesos que se le están adelantando, a cambio de colaboración y, cuando esta termine, se extinguen esos dos delitos y Lyons se compromete a devolver $4.000 millones. “Solo habría pena por el delito de concierto”, dijo su abogado Darío Bazzani.

Esta negociación, que inició hace cuatro meses con la Fiscalía, se da para que declare en contra del senador Musa Besaile por su presunta participación en el saqueo de las regalías de Córdoba y en el Cartel de la Hemofilia. Asimismo, tendrá que culminar la colaboración con la Fiscalía en el caso de la corrupción en la Corte Suprema de Justicia.

Se pudo establecer que Lyons tiene información concreta contra Besaile, dado que del robo a Córdoba salieron $600 de los $2.000 millones que este pagó a Luis Gustavo Moreno, y en contra de Camilo Tarquino, quien le pidió $20.000 millones para arreglar el asunto de las regalías.

Lyons está en Miami, Estados Unidos, dado que es testigo de cargo de la DEA contra Luis Gustavo Moreno. El abogado Bazzani explicó que cuando este proceso termine, Lyons regresará al país y se pondrá a disposición de la justicia colombiana “y cumplir la pena que se le imponga”.

Ahora, para que esto sea una realidad. La Fiscalía deberá presentar el preacuerdo ante la Corte Suprema de Justicia para su aval. Y, el principio de oportunidad debe presentarse ante un magistrado de control de garantías. Entre tanto, era necesario hacer la audiencia de imputación de cargos.

Por esta razón, este martes el exgobernador no aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado como autor, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y cinco casos de peculado por apropiación en cuantía de $8.950 millones que este habría recibido por las actuaciones irregulares.

Saqueo se acordó con Besaile: Fiscalía

El Fiscal Delegado Jaime Camacho Flórez le imputó a Lyons como presunto responsable de las anomalías detectadas en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en el departamento de Córdoba.

La investigación se relaciona con la posible malversación de recursos, que habrían sido canalizados indebidamente a través de convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro durante su administración en el periodo 2012-2015. Según la Fiscalía, Lyons recibió exactamente $8.950 millones.

“En desarrollo de un acuerdo existente con los senadores Musa Besaile y otro, en la ciudad de Montería, por lo menos desde el segundo semestre de 2011, usted Alejandro Lyons Muskus, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Jairo Zapa, Carlos Pérez, Mara Bachara, Maximiliano García Basanta, Sami Spath Storino, Misael Herrera, Herbeth Elías Chapman y otros se concertaron para cometer delitos contra la administración pública”, dijo el Fiscal.

Para esto, narró el Fiscal, Lyons buscó asesoría a la Universidad del Sinú, en donde Mara Bechara le recomendó a Jairo Zapa, a finales de 2011, quien fue contratado para prestar asesorías en temas de regalías, para lograr la aprobación de proyectos de Ciencias y luego lo nombró como Director Departamental de Regalías, cargo que fue creado exclusivamente para él.

De acuerdo con la Fiscalía, entre enero de 2012 y diciembre 2016, Lyons y estas personas “acordaron apropiarse de dineros del Estado a través del manejo de convenios en materia de regalías”, para lo cual buscaron personas que pudieran lograr aprobación de proyectos en Colciencias, entonces se contrató a Jesús Henao Sarmiento y, con este, se sumaron la Corporación de Áreas Naturales Protegidas; Fundación Conservación y Desarrollo Forestal y Fundación Para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia.

Luego, dijo la Fiscalía, se sumaron Juan Agustín Gualdrón Rueda con la Corporación Tecnologías Ambientales Sostenibles y Luis Enrique Vega González con la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal. “Todas las corporaciones mencionadas fueron finalmente cooperantes en convenios relacionados con el objeto de apropiación”, dijo el Fiscal.

De acuerdo con la narración, para que los proyectos fueran aprobados por los pares de Colciencias, se suscribieron contratos de prestación de servicios con expertos y por eso se incorporó a Maximiliano García Bazanta, para que apoyara la oficina de Zapa, por $124 millones. Y otro más por $45 millones para ese mismo objetivo.

De esta forma, se logró en diciembre de 2012 la aprobación de diez proyectos por Colciencias y se constituyó un centro de Investigación y Enseñanza en 2013 como entidad sin ánimo de lucro y, según el Fiscal, para “analizar los dineros de los convenios y encubrir su salida a través de convenios y subcontratos con las entidades cooperantes”.

Los pagos

Según el Fiscal, se acordó entre Lyons, Zapa y Henao el pago de 30% del total de cada convenio, siendo 22% para el exgobernador y 8% para Zapa. Estos pagos se hicieron en efectivo y en cajas de cartón.

“Garantizados los pagos se dio vía libre a los convenios, con cargo al Sistema de Regalías, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, con las entidades previamente escogidas”, dijo.

Se trata de: Convenio de Cooperación 733 del 9 de diciembre de 2013 por valor $16.018 millones; Convenio 734 de misma fecha por valor de $47.561 millones; Convenio 735 también de esa fecha por $14.115 millones; Convenio 750 del 19 de diciembre por $2.996 millones; y el Convenio 755 por $7.659 millones.

El fiscal Camacho aseguró que en febrero de 2014 se hizo un plan de pagos en Isla Fuerte de Córdoba, donde se acordó que Zapa sacara la plata del banco y la entregara a Lyons en cajas de cartón para un total de $5.000 millones.

Pero luego, como el 27 de marzo de 2014 se denunció la desaparición de Zapa (cuerpo fue hallado el 4 de agosto), se hizo otra reunión entre Lyons y Henao para que, en adelante, los pagos los hiciera Sami Spath. Así se pagaron los restantes $3.950 millones para un total de $8.950 millones recibidos por Lyons.

El fiscal reseñó que por la muerte de Zapa fueron capturados en 2014 Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Carlos Pérez, Mara y Maximiliano García Bazanta.