viernes, 18 de agosto de 2017
El exgobernador habría llegado a un principio de oportunidad con la Fiscalía.
Cinco años y medio de prisión en Colombia, colaborar con la justicia en medio de investigaciones de corrupción y la devolución de cerca de $4.000 millones. Esas fueron las condiciones de la Fiscalía General de la Nación para otorgar un principio de oportunidad al exgobernador Alejandro Lyons.
Gracias a la colaboración del exmandatario, hasta el momento, ya se ha logrado la captura de tres fiscales, entre ellos Luis Gustavo Moreno. Así mismo, se conocieron las actuaciones de los tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, quienes, junto a Moreno, habrían creado una red de sobornos para cambiar decisiones judiciales en el Alto Tribunal.
Por esta razón, la Fiscalía, la Procuraduría, la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la misma Corte han empezado investigaciones sobre estos casos de corrupción.
Fabio Arroyave, presidente de la Comisión de Acusaciones, manifestó que fue designado como coordinador del proceso, para que se entreguen resultados prontamente sobre las actuaciones de los exmagistrados.
De igual manera, el Ministerio Público ofreció su apoyo para conformar “un equipo que permita avanzar de manera pronta y eficaz en la averiguación de los hechos relacionados con presuntas actuaciones ilegales en las que habrían incurrido exmagistrados de la Corte”.
Para conformar este equipo de investigación conjunta, la Procuraduría puso a disposición de la Cámara los recursos humanos, materiales y técnicos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
En medio de este caso, la justicia de Estados Unidos envío al país cuatro discos compactos en donde está toda la información relacionada con estos actos de corrupción. “Dada la sensibilidad de estos materiales, cualquier uso fuera de estos parámetros pudiese infringir el Código De Derecho Penal Federal de los Estados Unidos, cuya aplicación tiene incidencia extraterritorial, ya que dichos materiales forman parte de un caso penal federal”, señaló la comunicación de Estados Unidos.
La vicefiscal Paulina Riveros pidió que los documentos se mantengan en estricta reserva.
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