• Colprensa

viernes, 23 de octubre de 2015

Los ‘lunares’ para el domingo 25 de octubre arrancan con la falta de claridad en la financiación de la campaña. La Corporación Transparencia por Colombia dejó en evidencia este jueves que más del 80% de los candidatos no han cumplido con la obligación de reportar los gastos en el sistema ‘Cuentas Claras’. 

Ese informe de Transparencia la habían manifestado hace una semana la Misión de Observación Electoral y la Fundación Paz y Reconciliación. Precisamente el investigador Ariel Ávila, recordó que en el análisis hecho es claro que los candidatos que más han incumplido con la entrega de las cuentas son los que están cercanos a los exparapolíticos o sus herederos. 

Las zonas de influencia de los parapolíticos en su momento, la Costa Caribe, Norte de Santander, Santander, parte de Antioquia, son precisamente en los cuales estos organismos de observación han centrado su atención para los últimos días de la campaña. 

En entrevista reciente con Colprensa, el director de Paz y Reconciliación, León Valencia, advirtió que esa financiación ilegal también viene de las bandas criminales, las cuales están actuando en gran parte del país, con un poder que aún no es determinado, pero que al igual que lo hizo los paramilitares en su momento, ellos quieren cooptar poder político en estas regiones. 

Un caso en particular que se dio en estos días es el del candidato del Partido Conservador a la Gobernación del Putumayo, José Coral Vivas, a quien lo detuvo la Policía Nacional por estar vinculado el grupo ilegal denominado como la ‘Constru’. A este candidato también le habían procesado por delitos similares en 2011. 

La compra de votos 

La tradicional compra de votos, uno de los delitos más tradicionales que se comenten en las elecciones en el país, será otro de los ‘lunares’ con los cuales se cumplirá el proceso del 25 de octubre. La Uriel (unidad de reporte de delitos electorales) en los últimos días ha recogido cientos de denuncias de la ciudadanía sobre eventuales casos de compra de votos. 

En concreto se ha dicho que para esta oportunidad la compra de votos van entre los 50 mil pesos –el monto más bajo- y los 200 mil pesos, esta última cifra para lo que se llama el combo completo, votar gobernación, alcaldía y concejal. 

Los organismos de vigilancia y las propias autoridades observan con especial atención posibles casos de compra de votos para las elecciones de gobernador en Sucre, Caquetá, Magdalena, Valle y Antioquia. En estas regiones se ha identificado que podría haber el llamado ‘matrimonio’ del candidato con los sectores ilegales, entre ellos el paramilitarismo. 

La preocupación es tal que el propio Gobierno Nacional decidió crear una estrategia muy particular para los últimos días de la campaña. Invitó a los colombianos a que denuncien ante las autoridades a quienes están entregando esas millonarias sumas de dinero, y según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien lo haga podrá recibir como recompensa hasta el cinco por ciento del dinero que sea retenido. 

El costreñimiento 

El constreñimiento al elector o mejor conocido como la amenaza que se impone a un votante para que sufrague por un candidato en particular, también se ha evidenciado en los últimos días de la campaña. Un caso particular se dio en la capital del país, en donde funcionarios en propiedad o empleados recién renunciados a la administración distrital, han motivado a sus electores para que voten por Clara López, porque los otros candidatos, en especial Enrique Peñalosa, acabarían con la política social de la izquierda y los subsidios que dio el saliente alcalde Gustavo Petro. 

Pero ese constreñimiento también ha venido de candidatos de Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Así sucede con el candidato a la Gobernación del Cesar, Franco Ovalle, a quien le han grabado en manifestaciones públicas diciendo que como él es amigo “del que maneja la chequera del Estado”, es decir el Vicepresidente, sí podrá cumplirle al departamento. 

La trashumancia 

Si bien en el tema de la trashumancia fue en el que más se avanzó en estas elecciones, pareciera ser, como dice el adagio popular, que el remedio resultó peor que la enfermedad. Hace 20 días el Consejo Nacional Electoral, CNE, reportó que luego de tres meses de arduo trabajo logró la anulación de la inscripción de cerca de 1,6 millones de cédulas que se movieron de una ciudad a otra para beneficiar esas mafias que están detrás de la democracia. 

Sin embargo, no previeron problemas como el registrado en Bogotá, en donde anularon por lo menos 70 mil de esas inscripciones sin tener en cuenta que ese tipo de medidas en la capital del país no puede aplicar, porque la posibilidad de que un elector vote en cualquiera de las localidades es posible. 

Sumado a lo anterior el CNE tuvo que enfrentar otra serie de reclamaciones por anulación de cédulas, de personas que reclamaron que su sitio de residencia es en donde registraron su cédula, motivo por el cual no hay razón legal para que les impidan votar en la ciudad donde viven. 

En la noche del jueves y en medio de una ‘tutelatón’ -que según se dice de manera extraoficial ha sido liderada por los candidatos afectados con la anulación de esas inscripciones- el CNE echó para atrás resoluciones en varias partes del país y así considerar legales 259.000 inscripciones de cédulas. 

Más delitos 

Sumado a lo anterior, las elecciones de ‘mitaca’ -como se le denominaba en un tiempo- tienen más lunares. Las advertencias de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, de la existencia de algunos carteles que se han consolidado en la campaña para concretar el fraude electoral, como por ejemplo uno que su director Pablo Bustos denominó como ‘el cartel POT’, es decir los compromisos que han asumido algunos candidatos para que sean apoyados por empresarios o poderosos capitalistas para que les apoyen en las elecciones y luego hacer la modificación del uso de los suelos en terrenos donde tengan especial interés. 

También crecieron con el paso de los días las denuncias contra candidatos por delitos de estar presuntamente vinculados a asesinatos, a esta detrás de la manipulación de los resultados para el domingo e incluso de estar produciendo directamente ellos cédulas falsas, para que sean usadas en las elecciones, este caso en concreto se dio en Cundinamarca. 

Un último lunar se dio con la participación en política de los funcionarios públicos, aunque este es un proceso más largo y complejo de certificarse, el peor momento lo vivió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien en declaraciones a los medios dijo que confiaba que los colombianos salieran a votar el 25 de octubre por los candidatos de la unidad nacional, que son los que apoyan el proceso de paz. Eso le acarreó duras críticas de la oposición y una apertura de investigación en la Procuraduría General de la Nación por posible participación en política. 

El domingo en medio de estos lunares y algunos más que saldrán a última hora, el país conocerá su nuevo mapa político regional.