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  • Gerson Beltrán Franco

miércoles, 11 de enero de 2017

Los delitos que se les ha imputado no son de menor categoría pues van desde estafa agravada y concierto para delinquir hasta  captación masiva y habitual de dinero, administración desleal y operaciones financieras no autorizadas. De hecho, el código penal colombiano contempla solo para captación masiva una pena de 20 años.

Hasta el momento, los  únicos condenados son Rodrigo Jaramillo, expresidente de la comisionista, quien se le impuso una pena de siete años (que cumple desde su casa);  Clemencia Soto Uribe, gerente comercial de Interbolsa, condenada a cuatro años; y John Alexander Muñoz, exgerente de Valores Incorporados, quien fue condenado a 13 años tras  aceptar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y no reintegro.

Por su parte el próximo 27 de enero, Tomás Jaramillo  y Juan Carlos Ortiz,  socios del Fondo Premium, deberán presentarse a audiencia de sentencia condenatoria por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especie en el registro nacional de valores. Los demás implicados están esperando audiencias de acusación y cerca de otras 10 personas están pendientes a ser vinculadas al caso.

Francisco Sintura, abogado de las víctimas, aseguró que es preocupante que dos años después de que la Fiscalía produjera acusaciones por delitos no aceptados en Fondo Premium, los jueces no hayan podido iniciar los juicios respectivos que conduzcan a las sentencias correspondientes, situación puesta en conocimiento del Consejo Seccional de la Judicatura desde  agosto de 2016. 

La semana pasada, la Fiscalía General de la Nación señaló que aunque ha realizado acusaciones a los implicados en la defraudación de Interbolsa y el Fondo Premium, las audiencias de acusación y preparatoria se han aplazado sistemática y reiteradamente y a la fecha no se han podido concluir debido a un “rosario” de peticiones por parte de la defensa. El fiscal Néstor Humberto Martínez inclusive afirmó que las únicas citas en los juzgados que se cumplen son en las que se solicita la libertad de los acusados.

Ante la situación, el ente acusador  instruyó una compulsa de copias al Consejo de la Judicatura para que investigue la conducta de la defensa.

Desde el otro lado, Hermens Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, excusa la situación en que “el sistema judicial está en una critica situación por la falta de recursos que le permita aumentar la planta de jueces”.

 Adicional, señaló que el sistema judicial está estructurado de manera que un juez no puede tener dirección al proceso frente al ejercicio del derecho de defensa, cuando son varios los procesados como Interbolsa.

Las víctimas han criticado insistentemente que aún no se han hecho imputaciones por el delito de lavado de activos y  que los implicados no los hayan reparado voluntariamente sino por embargo de la Supersociedades.

Juicio en libertad

El penalista Juan Riveros, otro representante de las víctimas, manifestó que “la libertad por vencimiento de términos no significa exoneración de responsabilidad penal, sin embargo si los procesos no han caminado teniendo a los presuntos responsables privados de la libertad, pienso que la contingencia más grande es que se dilaten más los procesos”.

Pese a las adversidades, Riveros considera que los casos en juicio son sólidos y se llegará a decisiones condenatorias y agregó que “ una vez ocurra ello, la representación de las víctimas seguirá insistiendo en la reparación integral, es decir, el reconocimiento del capital más los intereses”.

Los representantes de los afectados alertaron sobre que  cada día los perjuicios son mayores. Ante las críticas por presunta dilación de los procesos por parte de las defensas, Iván Cancino, abogado de Maldonado, indicó que este tipo de acusaciones tienen que ser argumentadas. 

“El manejo del sistema es exclusivo de la Fiscalía General de la Nación (...) lo que se castiga es una dilación injustificada, si el aplazamiento tiene fundamento no es una falta disciplinaria. La defensa no puede ser presionada”, concluyó el abogado. 

La opinión

Juan David Riveros
Abogado de las víctimas
“Si los procesos no han caminado teniendo a los presuntos responsables privados de la libertad, pienso que la contingencia más grande es que se dilaten más los casos teniéndolos libres”.

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