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  • Juliana Ramírez Prado

sábado, 19 de marzo de 2016

Las diferencias con el país centroamericano viene desde muchos años atrás (1.969), no solo desde 2012 cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya le dio la razón a Nicaragua concediéndole 531 de kilómetros de mar desde su costa. Seguramente si los Gobiernos anteriores hubieran priorizado el tema de las relaciones exteriores en sus agendas propiciando una negociación bilateral con el país centroamericano, el país no hubiera  gastado tantos recursos y tiempo en el pleito.

Ahora bien, el hecho de no volver a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, decisión que fue respaldada por una gran cantidad líderes nacionales, se hubiera podido tomar antes. Inclusive el mismo presidente Juan Manuel Santos lo reconoció en su más reciente visita a San Andrés. Lo anterior, porque no se puede afirmar que se es respetuoso del derecho internacional cuando solo se reconocen las sentencias que se favorecen.

Finalmente, el nacionalismo que despierta estos temas es pertinente que se focalice en una verdadera presencia institucional en San Andrés y Providencia. No basta con un discurso de unidad para respaldar la decisión que según varios expertos le traerá mayores obligaciones, pues como Estado ausente, igual el proceso sigue pero ahora sin los argumentos del equipo jurídico colombiano. Y en todo caso, no se sabe qué es peor.

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