jueves, 8 de marzo de 2012
Después ser declarada como persona 'no grata', por el Concejo de Cartagena, en días pasados, la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, en su defensa ha manifestado que no existe ninguna irregularidad con el contrato que la cartera de Cartagena adelantó con la Sociedad de Mejoras Públicas para la administración de las murallas.
Sin embargo, para el cabildante David Múnera la administración de los monumentos públicos no le corresponde a una sociedad privada, sino a los cartageneros y a los integrantes del Distrito.
Garcés explicó que la ley 768 del 2002, en su artículo 38, faculta a las autoridades municipales para administrar ciertos bienes de patrimonio cultural, pero también condiciona procedimientos que deben cumplirse por las autoridades locales, representadas por los Concejos Municipales, quienes no han realizado el inventario correspondiente.
Por su parte, Claudia Fadul, directora de la Sociedad de Mejoras Públicas dijo que 'el señor alcalde tuvo una reunión donde manifestó apoyo en el contrato, y propuso que administráramos otros espacios de la ciudad, y es que nuestra gestión es cívica, nosotros no le cobramos un solo peso al Ministerio por esa administración'. Sin embargo, por otro lado. Múnera dice que 'el alcalde junto con el Concejo le solicitó a la ministra que los bienes fueran gestionados por la Nación al igual que los ingresos'.
Garcés afirmó que se realizó un nuevo contrato de comodato que 'garantizará la preservación, cuidado y mantenimiento de las murallas, además de la rendición de cuentas a la Unesco, pues las murallas son patrimonio de la humanidad'.
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